El Gobierno nacional enfrenta una jornada decisiva en el Congreso, donde la oposición busca reunir los votos necesarios para habilitar una sesión especial y avanzar con el rechazo del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023. En la antesala de ese debate, el oficialismo y sus aliados impulsaron una modificación vinculada con la Ley de Tierras, en una maniobra que generó cuestionamientos y abrió un nuevo capítulo en la disputa parlamentaria.

La estrategia se desarrolló durante un plenario de comisiones, apenas doce horas antes de la sesión convocada por los bloques opositores. La iniciativa propone restituir la vigencia de la Ley de Tierras de 2011, que había sido derogada mediante el megadecreto publicado al comienzo de la gestión de Javier Milei. Para lograrlo, el oficialismo impulsó la derogación del artículo del DNU que eliminó esa normativa y su incorporación al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya contaba con media sanción del Senado.

La propuesta fue interpretada por legisladores opositores como un intento de modificar el escenario político y legislativo antes de la sesión. Según sus cuestionamientos, el objetivo sería quitarle fuerza al debate sobre el DNU y dificultar la construcción del quórum necesario para comenzar la discusión. Desde el oficialismo, en cambio, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, sostuvo que la cuestión vinculada con la propiedad privada ya estaba encaminada y acusó a la oposición de utilizar el decreto para generar conflictos políticos.

El DNU 70/2023 constituye uno de los instrumentos centrales de la política de desregulación impulsada por el Gobierno. Publicado pocos días después de la asunción presidencial, modificó más de 60 leyes y estableció cambios en distintas áreas de la economía. Entre sus medidas se encontraron la derogación de la Ley de Alquileres, modificaciones en el sistema de medicina prepaga, la eliminación de las leyes de Abastecimiento y de Góndolas, y la derogación de la Ley de Tierras.

Algunas disposiciones fueron frenadas judicialmente, entre ellas aspectos de la reforma laboral y de la normativa sobre tierras. Frente a esos obstáculos, el Ejecutivo optó por impulsar proyectos legislativos específicos. La reforma laboral consiguió aprobación parlamentaria en febrero de 2026, mientras que la iniciativa sobre propiedad privada fue debatida en el Senado durante agosto, aunque perdió el capítulo referido a la extranjerización de tierras ante las resistencias que generó.

Una votación que depende de los gobernadores

Mientras el oficialismo intenta sostener el decreto, la oposición trabaja para reunir los 129 diputados necesarios para habilitar la sesión. Durante las horas previas, los cálculos parlamentarios mostraban diferencias: algunas estimaciones ubicaban al bloque opositor cerca del número requerido, mientras que otras señalaban que todavía faltaban varios legisladores.

En ese escenario, los gobernadores adquirieron un papel determinante. Las posiciones de Osvaldo Jaldo, de Tucumán, y Gustavo Sáenz, de Salta, eran seguidas con especial atención, debido a la influencia que mantienen sobre los diputados de sus provincias.

Los legisladores de Misiones también se convirtieron en una pieza importante de la negociación. La desregulación del Instituto Nacional de la Yerba Mate generó preocupación entre representantes de esa provincia, lo que abrió la posibilidad de que acompañaran el pedido de sesión. A su vez, algunos diputados salteños evaluaban su participación mientras aguardaban definiciones políticas de su gobernador.

En Tucumán, los tres diputados vinculados con el gobernador Jaldo viajaron a Buenos Aires, aunque todavía no habían confirmado cómo actuarían. También se registraban conversaciones entre mandatarios provinciales para coordinar posiciones frente al debate.

Otro movimiento significativo llegó desde Córdoba. Un grupo de diputados cercanos al gobernador Martín Llaryora manifestó su intención de contribuir al quórum, luego de las diferencias acumuladas con el oficialismo. Sin embargo, no todos los legisladores tenían una postura definitiva, por lo que cada voto podía resultar determinante.

La oposición también debía conocer la posición de Lourdes Arrieta, exintegrante de La Libertad Avanza, cuya participación era observada con atención durante las negociaciones.

Endeudamiento, discapacidad y universidades, en el centro del debate

La sesión prevista no se limitaría al futuro del megadecreto. El temario incluía otros dos asuntos de fuerte impacto social: el sobreendeudamiento de las familias y la prórroga de la emergencia en discapacidad.

En materia crediticia, los bloques opositores buscaban impulsar una declaración de emergencia por 180 días y establecer mecanismos de regularización y alivio financiero para quienes enfrentan dificultades para pagar sus deudas. Cuestionaban que la propuesta oficialista se concentrara en mejorar la transparencia al momento de contratar créditos, sin establecer límites a las tasas de interés ni soluciones concretas para los deudores que ya se encuentran en una situación económica complicada.

La prórroga de la emergencia en discapacidad también ocupaba un lugar central. Aunque el tema contaba con respaldo de distintos sectores parlamentarios, las diferencias sobre el alcance de las medidas y su financiamiento mantenían abierto el escenario de negociación.

A esta disputa se sumaba la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para la misma jornada. La movilización reclamaría el cumplimiento del financiamiento universitario aprobado por el Congreso, en un contexto de tensión entre las autoridades educativas y el Poder Ejecutivo por la aplicación de la normativa.

De esta manera, la jornada reuniría en las calles y en el recinto parlamentario reclamos vinculados con la educación pública, los derechos de las personas con discapacidad y las dificultades económicas de los hogares.

El resultado de las negociaciones definiría si la oposición conseguía abrir el debate y poner en discusión la continuidad del DNU 70/2023. La incertidumbre sobre el quórum, las posiciones de los gobernadores y las diferencias entre los bloques convertían la sesión en una instancia clave para el Gobierno, que buscaba preservar uno de los principales instrumentos normativos de su programa económico.