El Gobierno nacional confirmó que avanzará con la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos, conocida como AySA, mediante una licitación pública que pondrá en venta el 90 por ciento de las acciones actualmente controladas por el Estado. El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien aseguró que la participación privada permitirá mejorar las inversiones y la calidad del servicio.
Según informó el Ejecutivo, este viernes se publicarán en el Boletín Oficial los pliegos correspondientes al proceso licitatorio. El nuevo esquema prevé una concesión de 30 años, con posibilidad de extenderla por una década adicional. La iniciativa forma parte del plan de privatizaciones impulsado por el gobierno de Javier Milei en el marco de la reglamentación de la Ley Bases.
Desde el Ministerio de Economía señalaron que la intención es transferir al menos el 51 por ciento de las acciones a un “operador estratégico” con capacidad técnica y financiera, mientras que el resto se colocará en la Bolsa. El 10 por ciento restante quedará en manos de los trabajadores de la empresa.
La decisión volvió a instalar una fuerte discusión política y social sobre el futuro de un servicio esencial como el agua potable y el saneamiento. Sectores opositores recordaron que la anterior privatización, durante la década de 1990 bajo la gestión de Carlos Menem, terminó con denuncias por incumplimientos contractuales, paralización de obras y problemas en la expansión del servicio.
En 2006, el entonces presidente Néstor Kirchner decidió reestatizar la compañía tras rescindir el contrato con Suez, que operaba bajo la firma Aguas Argentinas. Desde entonces, AySA avanzó en distintos proyectos de infraestructura y expansión de cobertura en agua potable y cloacas para millones de personas en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
Entre las obras destacadas de los últimos años se encuentran el saneamiento del Riachuelo, nuevas plantas potabilizadoras y sistemas de abastecimiento para municipios del conurbano bonaerense. Datos oficiales indican que la cobertura de agua potable pasó del 76 al 85 por ciento, mientras que el servicio de cloacas creció del 57 al 72,6 por ciento.
Mientras tanto, en el Senado avanzó una iniciativa impulsada por Eduardo de Pedro para declarar a AySA “de interés público y estratégico para el desarrollo humano”, con el objetivo de frenar la privatización.
Entre los grupos interesados en adquirir el control de la empresa aparecen firmas nacionales e internacionales, entre ellas Edison Energía, el Grupo Roggio, empresarios vinculados al sector químico y compañías brasileñas y chilenas dedicadas al negocio del agua y saneamiento.
La privatización de AySA se suma a la lista de empresas públicas que el Gobierno busca transferir al sector privado, junto con compañías como Enarsa, Intercargo, Belgrano Cargas, Trenes Argentinos y YCRT. El objetivo oficial es obtener recursos frescos y reducir el peso del Estado en la economía, aunque la medida ya genera fuertes cuestionamientos por el impacto que podría tener sobre tarifas, inversiones y acceso al servicio.
