El Gobierno nacional impulsa una profunda reforma sobre el régimen de propiedad privada que promete generar uno de los debates más intensos en el Congreso. La iniciativa, denominada «Inviolabilidad de la Propiedad Privada», reúne una serie de modificaciones que abarcan desde la compra de tierras rurales por parte de inversores extranjeros hasta cambios en las normas sobre expropiaciones, desalojos y protección de áreas afectadas por incendios forestales. Mientras el oficialismo sostiene que las medidas buscan fortalecer el derecho a la propiedad y atraer inversiones, distintos sectores de la oposición, especialistas y organizaciones advierten que podrían tener un fuerte impacto sobre la soberanía territorial y el cuidado de los recursos naturales.
En el Senado, las negociaciones se desarrollan en un escenario de gran tensión política. El oficialismo intenta reunir los votos necesarios para avanzar con la aprobación del proyecto, mientras que bloques opositores trabajan para frenar especialmente el capítulo referido a la compra de tierras por parte de extranjeros. Según trascendió, el texto sufrió numerosas modificaciones durante las últimas semanas, producto de las negociaciones entre los distintos sectores políticos.
Uno de los aspectos centrales de la propuesta elimina las restricciones generales que actualmente limitan la adquisición de tierras rurales por parte de ciudadanos y empresas extranjeras. Desde el Gobierno aseguran que la legislación vigente desalienta las inversiones y sostienen que los propietarios extranjeros no deberían enfrentar limitaciones adicionales para acceder al mercado inmobiliario rural.
Sin embargo, especialistas en políticas territoriales sostienen una visión diferente. Explican que la normativa vigente no prohíbe la compra de tierras por parte de extranjeros, sino que establece límites para evitar una concentración excesiva de superficies estratégicas. Según datos oficiales, actualmente alrededor del cinco por ciento de las tierras rurales del país pertenece a propietarios extranjeros, porcentaje que la legislación permite ampliar hasta un máximo del quince por ciento.
Los investigadores advierten que eliminar esos límites podría facilitar la adquisición de millones de hectáreas adicionales, especialmente en regiones donde existen importantes reservas de recursos naturales como litio, petróleo, minerales críticos, agua dulce y corredores estratégicos ubicados en zonas cordilleranas y de frontera. A su entender, el debate excede el derecho de propiedad y plantea interrogantes sobre el control de territorios considerados clave para el desarrollo futuro del país.
Otro punto de la iniciativa modifica las normas sobre expropiaciones. El proyecto endurece las condiciones para que el Estado pueda declarar de utilidad pública un bien privado y recuperar un inmueble mediante ese mecanismo. Además, establece que la indemnización deberá contemplar no solo el valor de la propiedad, sino también las ganancias que el propietario pueda demostrar que dejó de percibir como consecuencia de la expropiación. También dispone que la posesión del inmueble solo podrá concretarse una vez cancelada la totalidad de la compensación económica, actualizada por inflación e intereses.
La propuesta también incorpora cambios significativos en los procesos de desalojo. El nuevo esquema permitiría que una persona que acredite un derecho o interés legítimo sobre un inmueble solicite la restitución inmediata de la propiedad antes de que exista una sentencia definitiva. Durante las negociaciones legislativas se incorporó una excepción destinada a proteger temporalmente a hogares donde residan niños, personas con discapacidad o adultos mayores que no cuenten con otra alternativa habitacional, otorgándoles un plazo adicional para encontrar una nueva vivienda.
En materia ambiental, el proyecto modifica la Ley de Manejo del Fuego. La reforma elimina las restricciones que actualmente impiden cambiar durante varios años el destino de las tierras afectadas por incendios. Esa normativa había sido incorporada para desalentar incendios intencionales destinados a habilitar desarrollos inmobiliarios o ampliar la explotación agropecuaria. Con la modificación propuesta, esas limitaciones desaparecerían, una decisión que también despertó cuestionamientos por parte de especialistas y organizaciones ambientalistas.
Mientras el oficialismo defiende el proyecto como una herramienta para garantizar la seguridad jurídica, fortalecer el derecho de propiedad y promover inversiones, la oposición sostiene que las reformas podrían facilitar la concentración de tierras estratégicas, reducir la capacidad de intervención del Estado y debilitar mecanismos de protección ambiental. Con posiciones claramente enfrentadas y una votación que se anticipa ajustada, el Congreso se prepara para definir una iniciativa que podría introducir cambios de gran alcance en la legislación argentina sobre propiedad privada, recursos naturales y administración del territorio nacional.
