El tiempo corre y el conflicto se profundiza. En menos de 48 horas vence el plazo fijado por la Justicia para que el Gobierno nacional comience a cumplir con la Ley de Emergencia en Discapacidad, pero todo indica que, una vez más, no habrá avances concretos. A pesar de la urgencia del escenario y de la clara orden judicial, el Poder Ejecutivo no presentó hasta el momento medidas efectivas que demuestren la puesta en marcha de la norma ni precisó cómo se financiarán las acciones que esta establece.
Lejos de acelerar el cumplimiento, el inicio de febrero encontró al Gobierno apelando la sentencia que había reconocido el reclamo de las familias de personas con discapacidad. La estrategia judicial, sin embargo, no altera el calendario dispuesto por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, quien fue categórico: a partir del 4 de febrero, la ley debe comenzar a implementarse, bajo apercibimiento de sanciones económicas y penales para los funcionarios responsables.
Según consta en el expediente, los requerimientos realizados por la Justicia siguen sin respuesta concreta. Uno de los puntos centrales es la actualización del nomenclador de prestaciones, es decir, el valor que se paga por hora de atención en servicios de salud, educación y rehabilitación. El juez solicitó una propuesta clara, pero la única contestación oficial fue que el tema “se encuentra en análisis”. La misma fórmula se repite en otros aspectos clave de la ley.
No hubo definiciones sobre la regularización de deudas que arrastran las instituciones prestadoras, tampoco sobre los aumentos de suma fija para quienes brindan servicios, ni sobre la actualización de la asignación estímulo para los Talleres Protegidos, congelada en 38 mil pesos mensuales desde noviembre de 2023. En algunos casos, las respuestas oficiales se limitaron a señalar que las medidas están “en elaboración”; en otros, directamente no hubo contestación.
Ante este panorama, las organizaciones y familias que impulsaron el amparo judicial decidieron avanzar con un pedido de ejecución forzosa de la sentencia. La intención es que, si el Gobierno persiste en el incumplimiento, sea la propia Justicia la que intervenga activamente para garantizar lo ordenado, un mecanismo que ya cuenta con antecedentes en la jurisprudencia de la Corte Suprema.
Desde el colectivo de familias advierten que la situación ya supera el daño directo que provoca la demora en la vida cotidiana de las personas con discapacidad. Señalan que se trata de un problema institucional de mayor gravedad, donde se pone en juego el respeto a la Constitución y la división de poderes.
Mientras tanto, el reloj sigue avanzando. Cuando se cumpla el plazo judicial, habrán pasado más de seis meses desde que la norma fue suspendida en los hechos y varias semanas desde el primer fallo que ordenó su implementación. Dentro del propio oficialismo existieron voces que propusieron avanzar y cerrar el tema, pero finalmente prevaleció la decisión de sostener la negativa, amparada en el argumento de la falta de recursos.
Incluso en sus presentaciones judiciales, el Gobierno calculó el impacto fiscal de la ley sobre escenarios teóricos máximos, inflando el número de posibles beneficiarios y reforzando la idea de un costo imposible de afrontar. Así, la Emergencia en Discapacidad llega a una fecha clave sin certezas, con la Justicia en alerta y con miles de familias que siguen esperando respuestas concretas.