La investigación judicial en curso encendió una señal de alerta sobre la forma en que se gestionaron, almacenaron y distribuyeron alimentos destinados a comedores populares en distintos puntos del país. Un informe extenso y detallado, incorporado recientemente al expediente que tramita en el fuero federal, expuso una serie de irregularidades que comprometen seriamente la transparencia y el control en un área especialmente sensible por su impacto social.
El análisis reveló que no fue posible reconstruir de manera completa la trazabilidad de miles de toneladas de alimentos que fueron adquiridos y almacenados por el Ministerio de Capital Humano. En concreto, no se logró determinar con precisión el destino final de esos productos ni quiénes fueron los beneficiarios efectivos. Esta situación salió a la luz en el marco de una medida cautelar que había exigido información clara sobre el stock disponible, su origen administrativo y la presentación de un plan de distribución inmediato.
Uno de los ejes centrales del informe se concentró en una licitación millonaria realizada a través de un organismo internacional, mediante la cual se destinaron más de 6.700 millones de pesos a la compra de aceite de girasol y lentejas secas. La mercadería debía ser entregada en depósitos ubicados en Villa Martelli, provincia de Buenos Aires, y en Tafí Viejo, Tucumán. Sin embargo, el relevamiento detectó retrasos significativos, entregas parciales y una notoria falta de documentación respaldatoria por parte de varios proveedores.
En algunos casos, ni siquiera pudo comprobarse si los alimentos que figuraban como entregados habían ingresado efectivamente a los galpones. El informe es categórico al señalar que no se puede afirmar con certeza que se haya cumplido con las obligaciones asumidas en el proceso de compra. A esto se suma la ausencia de facturas y constancias de pago que acrediten la cancelación de las operaciones, lo que profundiza las dudas sobre el manejo administrativo.
La etapa de distribución aparece como la falencia más grave. Según se detalla, la mayoría de los remitos de salida no cuentan con la firma de los destinatarios, un requisito básico para verificar quién recibió los alimentos. Está probado que la mercadería salió de los depósitos, pero no existe información confiable que permita identificar a los beneficiarios finales. Además, los remitos carecen de datos esenciales como marcas, números de lote o peso exacto de los productos, lo que impide vincular lo entregado con lo efectivamente comprado y deja todo el proceso en un terreno de incertidumbre.
El informe también cuestiona con dureza la falta de normas claras y procedimientos formales para la distribución de alimentos. En distintas presentaciones judiciales, la ministra Sandra Pettovello reconoció que no existen manuales ni reglas escritas que regulen el reparto, y que las decisiones se basaban en definiciones políticas de la autoridad de turno, un criterio que ahora es objeto de análisis judicial.
La causa sumó además nuevas presentaciones y denuncias públicas, acompañadas de imágenes que muestran alimentos y otros insumos deteriorándose en depósitos oficiales. El avance del expediente mantiene en vilo a un área clave del Estado, mientras la Justicia intenta determinar responsabilidades en un tema que toca de lleno una de las problemáticas más urgentes: el acceso a la comida de los sectores más vulnerables.
