La causa por el fentanilo adulterado, un expediente que ya investiga 173 muertes en distintos puntos del país, sumó un giro determinante tras la declaración de una testigo clave. Su testimonio confirmó que en el Laboratorio Ramallo existía pleno conocimiento sobre la contaminación bacteriológica del opioide, pero aun así se continuaba con la producción para evitar frenar las ventas.
La información surgió a partir de una reciente testimonial ante el juez Ernesto Kreplak. Según este relato, quienes integraban el laboratorio —propiedad del empresario Ariel García Furfaro— sabían que había una cadena de negligencias y falsificación de resultados, una maniobra que les permitía sostener la comercialización del fentanilo pese a los riesgos sanitarios. La testigo aseguró que, en los últimos meses, los procesos de producción incluso se aceleraron y que las órdenes provenían directamente “desde arriba”, en referencia a los accionistas.
Uno de los puntos más alarmantes de la declaración se vincula con los controles oficiales. La testigo afirmó que cuando inspectores de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) avisaban que realizarían procedimientos en los laboratorios Ramallo y HLB Pharma, los responsables hacían desaparecer cuadernos donde se registraban los resultados microbiológicos positivos. Es decir, documentación clave que probaba la contaminación del producto.
La gravedad del caso quedó aún más expuesta con el nuevo informe del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema, difundido a principios de noviembre. Allí se determinó que el opioide adulterado fue el factor determinante en 38 muertes, a partir del análisis de 40 muestras. En los dos casos restantes no fue posible establecer un vínculo directo, pero los especialistas remarcaron que la incidencia del fentanilo contaminado era claramente mayoritaria y decisiva.
Este informe significó una actualización del análisis realizado en octubre, cuando un comité médico había evaluado un primer grupo de fallecimientos. La ampliación del estudio reafirma el impacto letal del producto adulterado y evidencia la magnitud del daño ocasionado.
En paralelo, la investigación avanza con operativos en distintas provincias. Tras allanamientos en Buenos Aires, Formosa, Córdoba y Santa Fe, se logró recuperar más de 82 mil ampollas de fentanilo alterado, un hallazgo que demuestra la extensión de la distribución del producto y la urgencia de frenar su circulación.
El caso, que ya tiene en vilo al sistema judicial, sanitario y político, sigue revelando una trama de irregularidades que expone serias fallas en los controles y un accionar empresarial que habría priorizado las ganancias por encima de la seguridad de miles de pacientes. Cada nueva evidencia profundiza la preocupación y marca la necesidad de esclarecer responsabilidades en uno de los episodios sanitarios más graves de los últimos años.