La situación judicial del diputado nacional José Luis Espert volvió a quedar en el centro de la polémica luego de que el empresario aeronáutico Federico “Fred” Machado admitiera ante la justicia federal de Texas su responsabilidad en delitos de fraude y lavado de dinero vinculados a operaciones irregulares con aeronaves. Aunque el presidente Javier Milei aseguró públicamente que este acuerdo judicial demostraría que Espert fue víctima de una “operación política y mediática”, la realidad judicial parece ir en otra dirección y podría profundizar las investigaciones que ya enfrenta en Argentina.
Machado llegó a un acuerdo con fiscales estadounidenses mediante el cual aceptó declararse culpable por lavado de activos y fraude electrónico, evitando así un juicio por jurado y logrando que se retirara la acusación por narcotráfico. Sin embargo, especialistas remarcan que esto no implica una declaración de inocencia, sino simplemente una negociación judicial donde permanecen vigentes delitos económicos considerados graves.
El vínculo entre Machado y Espert ya estaba bajo la lupa desde hace tiempo. El propio ex candidato presidencial reconoció haber recibido una transferencia de 200 mil dólares desde una empresa vinculada al empresario aeronáutico por supuestos trabajos de consultoría. No obstante, hasta el momento no existirían pruebas concretas que acrediten que esos servicios realmente se realizaron. Además, los investigadores sostienen que aquel pago sería parte de un acuerdo económico mucho mayor, que alcanzaría el millón de dólares.
La justicia argentina mantiene abiertas al menos dos investigaciones contra Espert. Una de ellas tramita en San Isidro, donde se analiza un presunto incremento patrimonial injustificado, operaciones bancarias sospechosas y movimientos financieros considerados irregulares. Allí incluso se ordenó la inhibición general de bienes luego de que el dirigente retirara 80 mil dólares de una cuenta tras conocerse la denuncia. También se detectaron depósitos y transferencias llamativas, además de inversiones inmobiliarias que despertaron sospechas entre los investigadores.
La otra causa, radicada en Comodoro Py, apunta a los beneficios recibidos durante la campaña presidencial de 2019, incluyendo vuelos privados en aeronaves ligadas a Machado, el uso de vehículos blindados y distintos aportes económicos. Lo que inicialmente parecía un hecho aislado terminó derivando en la identificación de decenas de viajes realizados en aviones vinculados al empresario.
En Estados Unidos, durante la audiencia realizada en Texas, Machado reconoció haber participado en un esquema fraudulento relacionado con supuestas ventas de aviones pertenecientes a compañías internacionales como Air India y All Nippon Airways. Según la acusación, los compradores enviaban importantes sumas de dinero para operaciones que en realidad nunca se concretaban, mientras los fondos eran desviados mediante distintas maniobras financieras.
Uno de los datos más delicados para la investigación argentina es que la transferencia hacia Espert habría salido de una de las empresas utilizadas dentro de esa estructura financiera. Además, la socia de Machado, Debbie Mercer Erwin, ya fue condenada a 16 años de prisión por delitos similares, incluyendo narcotráfico, fraude y lavado de activos.
Mientras tanto, el caso sigue escalando políticamente y amenaza con convertirse en uno de los expedientes más sensibles para el oficialismo y sus aliados, en medio de un clima de fuerte confrontación pública y crecientes cuestionamientos sobre el financiamiento de campañas políticas en Argentina.
