José Luis Espert quedó en el centro de una polémica vinculada con su situación previsional. El diputado y economista, que durante años cuestionó públicamente las moratorias jubilatorias, inició un trámite ante la Administración Nacional de la Seguridad Social para analizar la posibilidad de acceder a una jubilación mediante el régimen establecido por la Ley 27.705.
El caso genera particular atención porque, según los registros previsionales mencionados en el expediente, Espert contaría con poco más de cuatro años de aportes correspondientes al período en el que se desempeñó como legislador nacional. Para completar los 30 años exigidos para acceder a una jubilación ordinaria, debería incorporar una importante cantidad de años mediante el régimen de regularización de deuda previsional.
La Ley 27.705, sancionada durante el gobierno de Alberto Fernández, habilitó a determinados trabajadores a regularizar períodos sin aportes y completar así los requisitos necesarios para acceder a una jubilación. El mecanismo contempla la posibilidad de cancelar períodos anteriores a diciembre de 2012, bajo determinadas condiciones.
En el caso de Espert, el cálculo mencionado establece que debería regularizar aproximadamente 25 años de aportes. El monto estimado para completar esa deuda rondaría los 9 millones de pesos, aunque la cifra definitiva depende de la liquidación correspondiente y de las condiciones vigentes al momento de completar el trámite.
La situación adquiere una dimensión política particular debido a las posiciones que el propio Espert sostuvo en distintos momentos respecto de las moratorias previsionales. Tanto él como otros referentes del espacio político que integra cuestionaron este tipo de mecanismos y plantearon críticas hacia las jubilaciones obtenidas mediante moratorias.
Por eso, la posibilidad de que el dirigente recurra a una herramienta de este tipo abrió un fuerte debate sobre la relación entre los discursos políticos y las circunstancias personales de quienes los sostienen.
De todos modos, existe un punto fundamental: el trámite todavía no significa que Espert haya obtenido una jubilación. Para acceder al beneficio deberá cumplir con todos los requisitos establecidos por la normativa y cancelar la totalidad del monto correspondiente antes de alcanzar la edad jubilatoria.
El dirigente cumplirá 65 años el próximo 21 de noviembre. Esa fecha será determinante, ya que la normativa exige que la deuda previsional correspondiente a los períodos que se pretenden regularizar esté completamente abonada para poder acceder al beneficio.
Otro elemento que forma parte de la controversia es el monto de la jubilación que podría recibir. De acuerdo con las estimaciones difundidas, el haber estaría por encima de la jubilación mínima, aunque se ubicaría en un nivel cercano a ella. La cifra definitiva dependerá del cálculo realizado por el organismo previsional a partir de los aportes registrados y de los períodos que finalmente sean reconocidos.
El caso vuelve a poner sobre la mesa una discusión más amplia: el funcionamiento del sistema previsional argentino, los requisitos para acceder a una jubilación y el papel de las moratorias para quienes no lograron completar los años de aportes exigidos durante su vida laboral.
Así, la situación previsional de Espert quedó bajo la lupa no solamente por el aspecto económico, sino también por su dimensión política. El desenlace dependerá de si finalmente completa el trámite, cancela la deuda previsional y reúne todas las condiciones necesarias para jubilarse a partir del 21 de noviembre.