El expresidente de Bolivia, Evo Morales, solicitó medidas provisionales ante el sistema interamericano de derechos humanos, al considerar que su vida y su seguridad se encuentran en riesgo frente a una presunta persecución impulsada desde el Gobierno de Rodrigo Paz. La presentación busca que organismos internacionales intervengan para garantizar su protección, en un escenario marcado por acusaciones políticas, investigaciones judiciales y sospechas sobre un supuesto plan para detenerlo.

El pedido fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo encargado de evaluar este tipo de situaciones y, cuando corresponde, solicitar medidas de protección a la Corte Interamericana. Este mecanismo está previsto para casos de extrema gravedad y urgencia, cuando existe la posibilidad de que una persona sufra daños irreparables. No existe un plazo determinado para que se emita una respuesta.

La representación legal de Morales sostiene que el hostigamiento en su contra no es reciente, pero que se habría intensificado desde la llegada de Rodrigo Paz a la presidencia. El documento describe un supuesto patrón de acoso político, persecución judicial, intimidación y declaraciones públicas de funcionarios que tendrían como objetivo al exmandatario.

La presentación fue firmada por el exjuez Raúl Zaffaroni y el constitucionalista Raúl Gustavo Ferreyra. En ella se plantea que Morales no podría recurrir a las fuerzas de seguridad ni a otras instituciones estatales para solicitar protección, debido a la presunta participación de sectores del propio Gobierno en las amenazas denunciadas.

Audios y sospechas sobre un operativo en Cochabamba

Uno de los elementos centrales del reclamo es el supuesto vínculo entre el presidente Paz y el consultor argentino Fernando Cerimedo, detenido en Bolivia en el marco de la investigación por el intento de femicidio de su expareja, Nadia Beller.

El 3 de septiembre, el vicepresidente Edmand Lara, enfrentado políticamente con el mandatario, presentó ante el Ministerio Público una grabación de una conversación atribuida a Paz y Cerimedo. En el audio se discutiría la posibilidad de declarar el estado de sitio y avanzar con una intervención en la región de Cochabamba, territorio considerado un bastión político de Evo Morales.

Según las transcripciones incorporadas a la denuncia, ambos habrían conversado sobre la construcción de una narrativa pública para anunciar esa medida y sobre la posibilidad de iniciar acciones contra los habitantes de El Chapare, zona donde reside el expresidente.

La defensa de Morales interpreta ese diálogo como una señal de que el Gobierno habría elaborado una estrategia política y comunicacional dirigida contra el Trópico de Cochabamba y, por extensión, contra el propio exmandatario.

Además, el reclamo menciona advertencias sobre un supuesto operativo policial destinado a detenerlo y la instalación de puntos de vigilancia en la región. Esos hechos son presentados como indicios de una situación de vulnerabilidad que, según sus abogados, podría agravarse.

La detención de Cerimedo y el cambio de postura policial

La denuncia también reúne declaraciones públicas de funcionarios que habrían mostrado posiciones contradictorias respecto de la detención de Morales.

El 2 de agosto, el entonces comandante de la Policía Boliviana, general Mirko Sokol, había señalado que detener al expresidente no era una prioridad, debido a que la causa judicial no presentaría suficiente solidez. Sin embargo, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, salió a desautorizarlo y afirmó que para la administración nacional la captura de Morales sí constituía un asunto prioritario.

Poco después, Sokol fue reemplazado por el coronel Álvarez, quien adoptó una postura diferente y sostuvo que la aprehensión del exmandatario debía ser considerada una prioridad.

En paralelo, también se difundió un audio atribuido a Cerimedo y a María Elena “Bibi” Urquidi, esposa del presidente Paz, en el que se habría mencionado la continuidad de Sokol en su cargo. Estos elementos son utilizados por la defensa para sostener que existiría una coordinación política destinada a avanzar contra Morales.

El intento de femicidio que suma tensión al caso

La investigación por el ataque sufrido por Nadia Beller constituye otro de los puntos que aparecen en la presentación internacional. La abogada fue atacada a tiros en Santa Cruz de la Sierra y señaló a su expareja, Fernando Cerimedo, como responsable de haber enviado a los presuntos sicarios.

Beller había denunciado previamente episodios de violencia y difundido imágenes de golpes que atribuyó al consultor. También relató que fue convocada a un hotel bajo el argumento de que una familia quería hablar con ella sobre una supuesta denuncia contra Evo Morales por el abuso de una menor.

Al salir para recibir a quienes supuestamente la esperaban, fue atacada a balazos. La abogada considera que se trató de una trampa y solicitó una pericia lingüística sobre los mensajes que recibió antes del atentado. Según su interpretación, el estilo de escritura de esos mensajes presentaría similitudes con la forma de expresarse de Cerimedo.

A su vez, uno de los hombres señalados como sicarios, Aldo Silva Peña, difundió videos desde la clandestinidad en los que intentó vincular el ataque con funcionarios cercanos al gobernador de Cochabamba, Leonardo Loza, aliado de Morales. La defensa del expresidente sostiene que esas declaraciones podrían formar parte de una estrategia para trasladarle la responsabilidad del atentado.

Un reclamo que busca protección y garantías

En este contexto, Evo Morales considera que existe una trama política y judicial que podría poner en peligro su integridad. Sus abogados afirman que la investigación en su contra no se desarrolla bajo condiciones de imparcialidad y que las prioridades políticas del Gobierno estarían condicionando el funcionamiento de las instituciones.

El pedido ante los organismos internacionales busca evitar que la situación derive en hechos irreparables y reclama garantías para la vida y la seguridad del exmandatario.

Mientras la Comisión Interamericana analiza la presentación, el caso vuelve a poner en el centro de la escena la crisis política boliviana, las tensiones dentro del poder y las acusaciones cruzadas que involucran a funcionarios, dirigentes y actores vinculados con investigaciones judiciales.

La denuncia de Morales no implica, por sí misma, que las amenazas hayan sido judicialmente comprobadas. Sin embargo, plantea un escenario de extrema preocupación para su defensa, que ahora espera una respuesta internacional frente a lo que considera una persecución cada vez más intensa.