En la ciudad de La Rioja continúa desarrollándose el juicio por el femicidio de Susana Romero, una causa que mantiene en vilo a la comunidad y que se tramita en la Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional de la Primera Circunscripción Judicial.
El tribunal encargado de llevar adelante el proceso está presidido por la jueza Sara López Douglas, e integrado por los magistrados Edith Elizabeth Agüero y Gustavo Díaz. En el banquillo de los acusados se encuentra Jonathan Tejada Peralta, quien enfrenta cargos por homicidio agravado por alevosía y por mediar violencia de género.
Durante la más reciente audiencia, el juicio avanzó con la incorporación de pruebas documentales presentadas tanto por el Ministerio Público Fiscal como por la defensa del imputado. La acusación está representada por los fiscales Rafael López y José Olivero Icazzati, mientras que la defensa técnica está a cargo de los abogados Santiago Ríos y Mariangel Arroyo Corzo.
En ese contexto, uno de los momentos más relevantes de la jornada se produjo cuando la defensa planteó la nulidad de un acta vinculada al levantamiento y secuestro de pruebas realizado por la Policía Técnica Judicial. Según argumentaron, el procedimiento habría presentado irregularidades en cuanto al cumplimiento de los requisitos formales exigidos.
Frente a este planteo, el tribunal resolvió postergar su tratamiento, indicando que será analizado en profundidad al momento de dictar sentencia. De esta manera, la cuestión quedó incorporada al debate, pero sin una resolución inmediata, lo que mantiene abierta una de las discusiones técnicas dentro del proceso.
En cuanto al hecho investigado, la acusación sostiene que el crimen ocurrió el 20 de enero de 2022. De acuerdo a la reconstrucción judicial, el imputado habría contactado a la víctima a través de la red social Facebook con el objetivo de contratar un servicio. Posteriormente, ambos se trasladaron al domicilio del acusado, donde se habría producido una discusión vinculada al pago.
Siempre según la hipótesis fiscal, en ese contexto el acusado habría atacado a la víctima con un arma blanca, provocándole múltiples heridas. La agresión habría continuado mediante el uso de un objeto contundente, lo que derivó en un traumatismo craneoencefálico que finalmente causó la muerte de la mujer.
La investigación también indica que, tras el hecho, el imputado habría intentado ocultar el cuerpo en el fondo de su vivienda y realizar maniobras para eliminar evidencias. El caso salió a la luz cuando un tercero tomó conocimiento de lo ocurrido y dio aviso a las autoridades.
El juicio continúa en etapa de producción de pruebas, mientras las partes sostienen sus posturas y el tribunal avanza en la reconstrucción de lo sucedido. Se trata de un proceso clave, no solo por la gravedad del hecho, sino también por el impacto social que genera, en un contexto donde la violencia de género sigue siendo una de las principales preocupaciones.