Una denuncia judicial volvió a poner bajo la lupa el manejo de fondos nacionales destinados a obras viales y abrió un interrogante de fuerte impacto político: ¿se utilizaron recursos que deberían financiar el mantenimiento de las rutas para favorecer a gobernadores cuyos legisladores acompañaron iniciativas centrales del Gobierno de Javier Milei?

La presentación sostiene que los desembolsos del denominado Sistema Vial Integrado, conocido como SisVial, registraron aumentos extraordinarios en coincidencia con votaciones consideradas estratégicas para el oficialismo. Según el análisis presentado ante la Justicia, durante los días previos, el mismo día y posteriores a determinadas sesiones del Congreso, las transferencias a algunas provincias llegaron a multiplicarse entre tres y cuatro veces respecto del promedio habitual.

El planteo calcula que, en distintas jornadas legislativas consideradas sensibles, fueron girados alrededor de 68.000 millones de pesos a provincias cuyos representantes acompañaron proyectos impulsados por el Poder Ejecutivo, aportaron abstenciones o facilitaron el resultado mediante ausencias. En una ventana más amplia, que contempla varios días alrededor de las votaciones, el monto alcanzaría casi 95.000 millones de pesos.

El SisVial se financia con recursos provenientes del impuesto a los combustibles y tiene como finalidad específica sostener obras vinculadas con la infraestructura vial. El mecanismo contempla transferencias destinadas al mantenimiento, reparación y conservación de rutas. Sin embargo, la denuncia cuestiona tanto la oportunidad de los desembolsos como el destino efectivo de una parte de esos fondos.

Entre las provincias mencionadas aparecen Jujuy, Misiones, Tucumán, Santa Cruz, Salta, Catamarca, Córdoba y Santiago del Estero. Algunas de ellas recibieron transferencias especialmente importantes alrededor de debates legislativos clave. El caso de Misiones y Jujuy aparece como uno de los ejemplos centrales, debido a que sus legisladores participaron de votaciones decisivas para el oficialismo, entre ellas el tratamiento de la reforma laboral y otras iniciativas que generaron fuertes disputas políticas.

El reclamo judicial también pone la lupa sobre el Ministerio de Economía, la Dirección Nacional de Vialidad y la Secretaría de Transporte. La presentación alcanza además al presidente Javier Milei y plantea la posibilidad de que los recursos hayan sido administrados de manera discrecional o incluso utilizados con fines diferentes de aquellos para los que fueron creados.

A esta denuncia se sumó otra presentación judicial que cuestiona el nivel de ejecución del fondo. En ese marco, se señaló que más de un billón de pesos permaneció sin ser destinado directamente al mantenimiento y reparación de rutas, mientras una parte habría sido colocada en inversiones financieras y otra habría permanecido en cuentas corrientes. El argumento oficial para explicar esa decisión estuvo vinculado con la necesidad de preservar el equilibrio fiscal.

Los números generan preocupación porque, según el planteo, de los recursos disponibles solo una porción habría sido efectivamente utilizada en obras viales. La subejecución denunciada alcanzaría casi el 74 por ciento.

El análisis también enumera transferencias realizadas alrededor de votaciones específicas. Entre ellas aparecen desembolsos vinculados con la reforma laboral, la Ley de Glaciares, la denominada ley Hojarasca, las zonas frías, la Ley Bases, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y los vetos presidenciales a iniciativas relacionadas con jubilaciones y discapacidad.

La acusación sostiene que la coincidencia temporal entre los pagos y las votaciones podría revelar un mecanismo de presión política sobre los gobernadores. La hipótesis deberá ser determinada por la Justicia, que tendrá que establecer si existió una relación indebida entre las decisiones legislativas y la distribución de recursos públicos.

El caso plantea, en definitiva, una discusión que excede el enfrentamiento entre oficialismo y oposición: se trata de determinar si fondos creados para reparar rutas fueron utilizados conforme a la ley o si, por el contrario, terminaron formando parte de una estrategia política para conseguir respaldo parlamentario.

Ahora será la Justicia la encargada de analizar las transferencias, los certificados de obra, los convenios con las provincias y la documentación correspondiente para establecer si hubo irregularidades. Mientras tanto, el interrogante permanece abierto: si los recursos destinados a las rutas fueron efectivamente utilizados para mejorar la infraestructura vial o si, detrás de esos millonarios movimientos, existió una negociación política que convirtió al dinero público en una herramienta para conseguir votos.