Una multitudinaria movilización del colectivo de discapacidad se hizo sentir con fuerza en las calles de Buenos Aires, donde familiares, profesionales, transportistas y organizaciones del sector expresaron su rechazo al nuevo proyecto impulsado por el Gobierno de Javier Milei. La iniciativa, que propone modificar el sistema de pensiones por invalidez, encendió una profunda preocupación por el posible retroceso en derechos conquistados durante las últimas décadas.
Entre las voces presentes estuvo la de Laura Aichino, madre de Leandro, un joven con Síndrome de Down, quien compartió su historia atravesada por años de gestiones para garantizarle a su hijo una pensión. Ese beneficio, obtenido en 2008 tras la incorporación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad al marco legal argentino, representó un cambio de paradigma: dejó atrás un modelo asistencialista para avanzar hacia uno basado en derechos.
Sin embargo, hoy ese esquema aparece amenazado. Según denuncian los manifestantes, el nuevo proyecto no solo pondría en riesgo las pensiones, sino también el acceso a tratamientos, centros de día y servicios esenciales que sostienen la calidad de vida de miles de personas. A esto se suma la falta de pago a prestadores y transportistas, lo que ya provocó interrupciones en distintas terapias.
El Gobierno, por su parte, presentó la iniciativa bajo el nombre de “Ley contra el fraude de pensiones por invalidez”, un título que generó fuerte rechazo por parte del sector, al considerar que instala una mirada estigmatizante sobre la discapacidad. En ese contexto, se recordaron episodios previos que, según denunciaron, contribuyeron a desacreditar el sistema y derivaron en auditorías que muchas familias vivieron como humillantes.
La protesta tuvo su epicentro frente al Ministerio de Salud, en la emblemática Avenida 9 de Julio, donde los manifestantes desplegaron pancartas con consignas dirigidas al Ejecutivo. Frases como “Gobernar no es quitar derechos”, “Sin financiamiento no hay inclusión” y “Basta de abandono” se multiplicaron entre aplausos, bocinazos y gestos de apoyo de automovilistas que transitaban por la zona.
Uno de los carteles más resonantes sintetizó el malestar con ironía: “Milei: somos las terapeutas que no tuviste”. La consigna, que rápidamente se viralizó, buscó visibilizar el rol fundamental que cumplen las familias en el acompañamiento cotidiano de las personas con discapacidad.
Durante la jornada, también se presentó un petitorio ante las autoridades, en el que se exigió el rechazo al proyecto oficial y el cumplimiento de la legislación vigente, incluyendo la ley de emergencia en discapacidad. Sobre el escenario improvisado, referentes del sector advirtieron que la desregulación de las prestaciones podría profundizar las desigualdades, dejando a muchas familias sin posibilidad de afrontar los costos de tratamientos.
El acto contó además con la presencia de dirigentes políticos y figuras públicas que respaldaron el reclamo, subrayando la necesidad de sostener políticas inclusivas. En ese marco, se remarcó que el debate recién comienza y que el futuro del sistema dependerá, en gran medida, de lo que ocurra en el Congreso.
Así, la discusión sobre la discapacidad se instala en el centro de la agenda pública, en medio de un clima de tensión y con un mensaje claro desde la calle: los derechos adquiridos no están dispuestos a ceder sin dar pelea.
