En la antesala de una nueva movilización universitaria prevista para este martes en todo el país, el gobierno de Javier Milei quedó nuevamente en el centro de las críticas tras oficializar una serie de recortes presupuestarios que impactan de lleno en universidades nacionales, organismos científicos y áreas estratégicas de investigación. La decisión generó un fuerte rechazo en la comunidad académica, que interpreta la medida como una provocación directa en medio de un conflicto que no deja de crecer.
Los ajustes fueron publicados en el Boletín Oficial y alcanzan a sectores sensibles como educación, salud, ciencia y obra pública. Entre las medidas más cuestionadas aparece la reducción de 3 mil millones de pesos para el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, además de un recorte de 5 mil millones destinados a obras de infraestructura en universidades nacionales.
Especialistas y autoridades universitarias advirtieron que las consecuencias podrían sentirse rápidamente en el funcionamiento cotidiano del sistema científico y educativo. Jorge Aliaga, secretario de Planeamiento de la Universidad Nacional de Hurlingham, explicó que las modificaciones presupuestarias responden a la decisión oficial de sostener el déficit cero, aunque alertó que el impacto afectará áreas fundamentales para el desarrollo académico y tecnológico del país.
Desde el ámbito científico, las críticas también fueron contundentes. Rodrigo Quiroga, investigador de la Universidad Nacional de Córdoba y del Conicet, sostuvo que existe un “plan de desgaste” sobre el sistema universitario y científico. Según describió, cada vez son más frecuentes las renuncias de investigadores y docentes que abandonan sus cargos por la pérdida salarial y la falta de financiamiento.
En paralelo, el ex ministro de Ciencia y actual titular de la Comisión de Investigaciones Científicas bonaerense, Roberto Salvarezza, advirtió que el recorte acumulado en ciencia y tecnología ya ronda el 50 por ciento en términos reales respecto de 2023. También alertó que la inversión proyectada para 2026 podría ubicarse en mínimos históricos.
Las universidades afectadas por la suspensión de partidas para infraestructura incluyen a la Universidad Nacional de La Plata, Universidad Nacional de San Martín, Universidad Nacional del Nordeste y Universidad Nacional de las Artes, entre otras casas de estudio.
El ajuste también alcanzó a organismos estratégicos como la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, donde se frenaron fondos destinados al desarrollo del lanzador Tronador y a proyectos satelitales. La Comisión Nacional de Energía Atómica sufrió además un recorte cercano a los 20 mil millones de pesos, pese a que el propio Gobierno suele destacar públicamente la importancia de la energía nuclear y el desarrollo tecnológico.
En este contexto, la Universidad Nacional de Río Negro decidió llevar el conflicto al plano internacional. Su rector, Anselmo Torres, presentó una denuncia ante Naciones Unidas dirigida a la relatora especial sobre el Derecho a la Educación, Farida Shaheed. Allí se advierte sobre un deterioro “grave” del sistema universitario argentino y se solicita la intervención del organismo internacional.
Mientras tanto, gremios docentes, estudiantes, investigadores y rectores ultiman detalles para la cuarta marcha federal universitaria, una movilización que promete ser masiva y que volverá a poner en las calles el reclamo por mayor financiamiento para la educación pública, salarios dignos y continuidad de los proyectos científicos nacionales.
