En una sesión extensa y atravesada por fuertes debates, la Cámara de Diputados otorgó media sanción al proyecto de reforma del régimen penal juvenil impulsado por el Gobierno de Javier Milei. La iniciativa propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y obtuvo 149 votos afirmativos frente a 100 negativos, con el respaldo de dos tercios del cuerpo.
El texto original del Ejecutivo sufrió modificaciones para asegurar los apoyos necesarios. En su versión inicial planteaba reducir la edad a 13 años y establecía penas máximas de hasta 20 años. Finalmente, el dictamen consensuado fijó el piso en 14 años y redujo la pena máxima a 15.
El interbloque oficialista Fuerza del Cambio reunió 95 votos y sumó el acompañamiento del PRO, la UCR, el MID, Producción y Trabajo, País Federal, la Coalición Cívica, La Neuquinidad e Innovación Federal, además del bloque Provincias Unidas. También respaldaron la iniciativa legisladores como Karina Banfi y José Luis Garrido. En tanto, el massismo dio quórum y votó en contra en general, aunque algunos de sus integrantes apoyaron el primer capítulo referido a la responsabilidad penal.
Desde la oposición, Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y otros bloques provinciales rechazaron el proyecto. La diputada Myriam Bregman cuestionó que la propuesta “apunta a la persecución penal de los jóvenes” y advirtió que el debate se da desconectado de la realidad social. En la misma línea, Romina del Plá sostuvo que la medida no aborda las causas estructurales de la problemática.
Uno de los discursos más filosos fue el de Miguel Ángel Pichetto, quien si bien votó a favor de la baja a 14 años por considerarla acorde a estándares internacionales, criticó con dureza la falta de inversión en infraestructura y educación. Señaló que sin recursos suficientes la ley podría quedar en letra muerta y calificó como “insignificante” la asignación presupuestaria prevista, superior a 23 mil millones de pesos. También cuestionó consignas simplificadoras como “delito de adulto, pena de adulto”, frase que circuló con fuerza en el debate público y que fue asociada a posiciones más duras, entre ellas las de Patricia Bullrich.
El punto más controvertido surgió al tratar el financiamiento. Varios diputados plantearon que no quedó establecido un compromiso explícito para asistir a las provincias en la implementación del nuevo sistema. Algunos optaron por abstenerse en ese artículo, al considerar que sin presupuesto adecuado la reforma carece de sustento real.
Desde el oficialismo, el jefe de bloque Gabriel Bornoroni defendió la iniciativa al afirmar que el Congreso “dejó de esconderse” ante un tema sensible para la sociedad y reiteró que quienes cometan delitos graves deben asumir consecuencias.
La jornada también estuvo marcada por cruces encendidos. En los minutos previos a la votación, el diputado Nicolás Mayoraz acusó a Unión por la Patria de sostener una ley heredada de la dictadura, lo que generó una inmediata respuesta de Horacio Pietragalla, quien cuestionó al oficialismo por sus posicionamientos en materia de derechos humanos.
Ahora el proyecto pasará al Senado, donde el debate promete reeditar las tensiones. Mientras tanto, la media sanción deja abiertas numerosas preguntas: cómo se financiará el sistema, qué infraestructura se construirá y, sobre todo, si la baja de la edad de imputabilidad logrará el objetivo que el Gobierno plantea en materia de seguridad.
