Con el correr de las horas, nuevos datos y análisis técnicos comienzan a echar luz sobre una decisión clave del gobierno de Javier Milei: la negativa a actualizar la metodología con la que se mide la inflación en la Argentina. Distintos estudios privados coinciden en un punto central: la falta de actualización del Índice de Precios al Consumidor no es un detalle técnico menor, sino una decisión política que evita reflejar con mayor claridad los rubros que más aumentaron desde el inicio de la actual gestión.
Los informes advierten que, de aplicarse la fórmula basada en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017/2018, varios sectores que registraron incrementos muy superiores al promedio general tendrían un peso mayor dentro del IPC. Entre ellos se destacan tarifas, transporte, comunicación, educación y recreación y cultura, áreas que atravesaron subas significativas en los últimos meses y que impactan de lleno en el bolsillo cotidiano de la población.
El caso de las tarifas es el más sensible. En la metodología vigente, con base en 2004, los servicios públicos representan poco más del 11 por ciento del índice. Con la actualización, ese peso superaría el 14 por ciento. Desde que Milei asumió la Presidencia, los aumentos en luz, agua y gas rondaron el 461 por ciento, muy por encima de una inflación general acumulada cercana al 259 por ciento. A esto se suma que el propio Ejecutivo ya anticipó nuevas quitas de subsidios y futuros incrementos, lo que habría empujado aún más el índice si se utilizaba la fórmula actualizada.
Algo similar ocurre con el transporte, que aumentó más de un 300 por ciento y que, con el nuevo IPC, tendría una incidencia mayor. Los servicios de comunicación, como telefonía móvil e internet, registraron alzas cercanas al 350 por ciento, mientras que educación superó el 330 por ciento. Incluso recreación y cultura, que mostró incrementos algo menores, también habría ganado peso en la medición. En conjunto, estos rubros explican buena parte del deterioro del poder adquisitivo, pero su impacto queda atenuado con la metodología antigua.
En este contexto, la decisión de no publicar el índice actualizado terminó derivando en la intervención del organismo estadístico y en la renuncia de su titular, quien se habría negado a sostener una medición cada vez más alejada de los hábitos reales de consumo. Para el Gobierno, sincerar el IPC en este momento implicaba mostrar con mayor crudeza el efecto de los tarifazos sobre los ingresos de jubilados, trabajadores y beneficiarios de programas sociales.
A pesar de los argumentos oficiales que minimizan las diferencias entre ambas metodologías, algunas consultoras privadas realizaron estimaciones propias. Sus cálculos indican que, con la fórmula actualizada, la inflación mensual habría sido más alta que la medida con el índice vigente y también superior a las proyecciones oficiales. Parte de esa diferencia se explica por la publicación tardía de nuevos cuadros tarifarios provinciales y nacionales, que tienen un mayor impacto en el nuevo esquema de ponderaciones.
Así, la discusión sobre cómo medir la inflación deja de ser un debate técnico y se transforma en una cuestión política de alto voltaje. En juego no solo está la credibilidad de las estadísticas oficiales, sino también la forma en que se percibe el verdadero costo de vida en un escenario económico marcado por fuertes ajustes y un creciente malestar social.