La presencia de efectivos del Ejército Argentino con equipamiento militar en distintos sectores de Anillaco generó sorpresa, preocupación y cuestionamientos entre los habitantes de la zona. Las escenas se produjeron en el marco del operativo táctico Pegaso 6, un ejercicio de entrenamiento que se desarrolla en los departamentos Arauco y Castro Barros y que despertó interrogantes sobre las condiciones de seguridad, la circulación de personal armado en áreas pobladas y la información brindada previamente a la comunidad.

Durante los últimos días, distintas publicaciones en redes sociales reflejaron el malestar de vecinos que manifestaron haberse encontrado con uniformados y elementos de combate en espacios cercanos a viviendas y lugares de circulación habitual. La situación provocó especial inquietud por la presencia de niños y adolescentes, además de generar dudas sobre el alcance de las maniobras y las precauciones adoptadas para evitar incidentes.

El operativo Pegaso 6 está previsto entre el 23 y el 29 de octubre de 2026 y cuenta con la participación de efectivos de la IVta Brigada Aerotransportada del Ejército Argentino. Según la información difundida sobre el despliegue, las actividades incluyen movimientos de tropas y vehículos militares, entrenamientos durante las 24 horas, operaciones aéreas y ejercicios de lanzamiento de paracaidistas.

En el departamento Arauco, las prácticas contemplan actividades en sectores de Señor de la Peña, además de acciones relacionadas con la incorporación de Soldados Voluntarios en los departamentos Arauco y Castro Barros.

Ante el movimiento extraordinario que podía generar el operativo, la Unidad Regional III de la Policía de La Rioja había difundido recomendaciones preventivas para vecinos, conductores y visitantes. Entre las principales indicaciones se encontraba la prohibición de ingresar o aproximarse a las áreas destinadas al entrenamiento y a las zonas de lanzamiento de paracaidistas.

También se solicitó mantener a los menores alejados de los sectores operativos, circular con precaución ante la presencia de vehículos militares y evitar acercarse a las maniobras para tomar fotografías o grabar videos desde lugares no habilitados.

Otra de las advertencias estuvo relacionada con la posibilidad de encontrar objetos desconocidos o elementos que pudieran representar un peligro. En esos casos, se recomendó no tocarlos ni manipularlos, mantener distancia y comunicar inmediatamente la situación a las autoridades.

Sin embargo, pese a la difusión de estas recomendaciones generales, algunos habitantes de la zona sostuvieron que no contaban con información suficientemente precisa sobre los lugares donde se desarrollarían las actividades, las características del entrenamiento y los procedimientos de seguridad previstos.

A partir de estas inquietudes, comenzó a circular un pronunciamiento de vecinos de Arauco y Castro Barros que expresó un fuerte rechazo a las prácticas militares en sectores que consideran próximos a la vida cotidiana de las comunidades.

En el documento, los habitantes cuestionaron la presencia de armamento de guerra en espacios compartidos y reclamaron explicaciones sobre las autorizaciones otorgadas, los protocolos aplicados y las responsabilidades de las autoridades involucradas.

“Nuestros pueblos no son campos de entrenamiento militar”, expresaron en el comunicado, en el que también exigieron garantías para la integridad física de la población y el respeto por la tranquilidad de quienes viven en la región.

Uno de los aspectos que más preocupación generó fue la posibilidad de que niños y adolescentes se encontraran con escenas militares sin comprender el motivo de ese despliegue. Para los vecinos que expresaron sus reclamos, la información previa y la delimitación clara de las áreas de entrenamiento resultan fundamentales para evitar situaciones de temor y confusión.

De todos modos, con los datos disponibles no es posible determinar si las actividades cuestionadas se realizaron fuera de los sectores autorizados ni establecer si existieron incumplimientos de los protocolos de seguridad.

El episodio volvió a poner sobre la mesa la necesidad de garantizar una comunicación clara entre las autoridades militares, las fuerzas de seguridad y las comunidades involucradas cuando se desarrollan ejercicios de esta magnitud en zonas habitadas.

Mientras el operativo continúa dentro del período previsto, el reclamo vecinal se concentra en obtener información detallada, conocer las medidas de prevención y contar con garantías concretas de seguridad.

La discusión no se limita a la realización de maniobras militares, sino que también plantea cómo compatibilizar las actividades de entrenamiento con el derecho de las comunidades a estar informadas y a desarrollar su vida cotidiana con tranquilidad. Para los habitantes de Anillaco y otras localidades de la zona, la prioridad es que cualquier despliegue de estas características se lleve adelante con previsión, transparencia y resguardo de la población.