La Justicia de La Rioja lleva adelante una investigación para esclarecer un delicado caso que involucra a una niña de siete años, luego de que estudios médicos realizados durante una internación detectaran la presencia de cocaína en su organismo. El episodio movilizó de inmediato a las autoridades judiciales, sanitarias y a los organismos encargados de la protección de la infancia, que trabajan para determinar cómo la menor estuvo expuesta a la sustancia y establecer las responsabilidades correspondientes.

El hecho salió a la luz tras la intervención de la Unidad Especial de Asuntos Juveniles, que informó sobre la actuación realizada luego del ingreso de la niña al Hospital de la Madre y el Niño. Según los datos oficiales, fue su padre quien la trasladó al centro de salud al advertir que presentaba un cuadro de vómitos y diarrea. Una vez evaluada por el personal médico de guardia, los profesionales resolvieron dejarla internada en observación para realizar estudios que permitieran conocer el origen de los síntomas.

Durante las horas siguientes, los análisis de laboratorio comenzaron a aportar información determinante para el desarrollo del caso. De acuerdo con lo comunicado por los profesionales de la salud, el examen de orina habría arrojado un resultado positivo para cocaína, una situación que activó de inmediato los protocolos de actuación previstos para este tipo de episodios, dada la gravedad que representa la presencia de sustancias estupefacientes en el organismo de una menor de edad.

Tras conocerse el resultado de los estudios, la madre de la niña fue informada por el equipo médico y posteriormente brindó su declaración ante las autoridades policiales. Según manifestó, la menor había permanecido desde el mediodía del domingo bajo el cuidado exclusivo de su padre, dato que pasó a formar parte de la investigación judicial y que ahora será analizado junto con el resto de las pruebas reunidas.

A partir de estos elementos, la Justicia ordenó la inmediata intervención del Juzgado de Familia, Niñas, Niños, Adolescentes y Adultos Mayores, que comenzó a coordinar las actuaciones junto con la Secretaría de Niñez y otros organismos especializados en la protección de los derechos de los menores.

El objetivo principal de la investigación es reconstruir con precisión las circunstancias en las que la niña pudo haber estado en contacto con la sustancia detectada en los análisis. Para ello, las autoridades deberán reunir testimonios, informes médicos y pericias complementarias que permitan establecer cómo ocurrió el episodio y si existió algún tipo de negligencia o incumplimiento de los deberes de cuidado por parte de los adultos responsables.

En paralelo, los organismos de protección de la infancia evalúan las medidas necesarias para garantizar el bienestar y la seguridad de la menor mientras avanza la causa judicial. Estas acciones buscan preservar su integridad física y emocional, priorizando siempre el interés superior de la niña conforme a la legislación vigente.

Hasta el momento, la investigación permanece en una etapa preliminar y las autoridades no difundieron mayores detalles sobre las circunstancias específicas que rodearon el hecho. Tampoco se informó oficialmente sobre eventuales imputaciones o medidas judiciales contra alguno de los progenitores, ya que la prioridad es reunir todas las pruebas necesarias antes de avanzar con nuevas decisiones.

El caso generó una fuerte preocupación debido a la vulnerabilidad de la víctima y a la naturaleza de los resultados obtenidos durante los estudios médicos. Mientras tanto, la Justicia continúa trabajando para esclarecer lo sucedido y determinar con precisión cómo una menor de tan corta edad pudo haber resultado expuesta a una sustancia prohibida. Las actuaciones seguirán bajo reserva, con la intervención de los organismos especializados y el seguimiento permanente del estado de salud de la niña, en procura de garantizar tanto el esclarecimiento de los hechos como la protección integral de sus derechos.