La Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó un fallo trascendental en defensa del derecho a la educación inclusiva y respaldó el reclamo de una madre que exigía que la provincia de Entre Ríos garantizara una propuesta educativa adecuada para su hija con discapacidad. El máximo tribunal cuestionó la respuesta de la Justicia provincial y sostuvo que los derechos de los niños y adolescentes no pueden quedar sujetos a obstáculos administrativos ni a interpretaciones excesivamente formalistas.

La sentencia fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, quienes coincidieron en que las autoridades educativas deben garantizar condiciones reales de inclusión y no limitarse a ofrecer alternativas que, en la práctica, terminen excluyendo a los estudiantes del sistema educativo.

El caso comenzó cuando la adolescente, que tiene una discapacidad certificada, atravesó la escuela primaria mediante una propuesta pedagógica adaptada a sus necesidades. En 2024 inició el primer año de la secundaria en una institución de artes visuales y, al año siguiente, decidió continuar sus estudios en otro establecimiento.

Sin embargo, apenas dos meses después de comenzar el ciclo lectivo de 2025, surgieron los primeros conflictos con las autoridades escolares. El 6 de mayo de ese año, su madre fue convocada a una reunión en la que inicialmente le propusieron trasladar a su hija a una escuela de educación especial.

Ante la negativa de la mujer, la institución presentó una segunda alternativa: que la adolescente asistiera únicamente a cuatro materias, durante aproximadamente una hora diaria, cuatro veces por semana. La propuesta contemplaba Música, Artes Visuales, Educación Física y Tecnología, dejando afuera asignaturas fundamentales de la formación secundaria.

La madre tampoco aceptó esa modalidad, porque consideraba que no respondía a las necesidades particulares de su hija ni garantizaba una verdadera inclusión educativa. En una nueva reunión, realizada el 19 de mayo, las autoridades volvieron a insistir con la posibilidad de trasladarla a una escuela especial determinada.

Frente a la falta de una alternativa que considerara adecuada, la adolescente dejó de concurrir al establecimiento. Su madre decidió entonces iniciar una acción judicial para exigir que la provincia elaborara un proyecto pedagógico individual que permitiera garantizar la continuidad de sus estudios.

En primera instancia, la Justicia hizo lugar al reclamo y ordenó al Consejo General de Educación de Entre Ríos que, en un plazo de 20 días, confeccionara un Proyecto Pedagógico Individual, conocido como PPI, destinado a asegurar la inclusión escolar de la joven.

Pero el Gobierno provincial apeló la resolución y consiguió que el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos revocara esa decisión. Los magistrados provinciales argumentaron que existía un expediente administrativo en trámite y que, por lo tanto, no correspondía utilizar la vía judicial del amparo.

La madre llevó entonces su reclamo ante la Corte Suprema. En su presentación advirtió que se estaban vulnerando derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la educación, la protección especial de la infancia y la tutela judicial efectiva. También señaló que su hija llevaba cinco meses sin escolarización.

Al analizar el expediente, los integrantes del máximo tribunal consideraron que la existencia de un trámite administrativo no justificaba dejar sin respuesta una situación que afectaba directamente el derecho a la educación de una adolescente.

Rosatti y Rosenkrantz cuestionaron que la Justicia entrerriana se hubiera limitado a mencionar la existencia de ese procedimiento sin evaluar si realmente servía para resolver el conflicto. Además, señalaron que las propias autoridades educativas habían reconocido que se habían agotado las alternativas disponibles dentro del sistema provincial.

Por su parte, Ricardo Lorenzetti coincidió con la decisión, pero profundizó en la obligación del Estado de garantizar el acceso a la educación sin discriminación. El magistrado recordó que los niños y las personas con discapacidad requieren una protección especial y que deben adoptarse medidas concretas para asegurar una igualdad real de oportunidades.

En ese sentido, mencionó las obligaciones establecidas por la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Ley de Educación Nacional y la propia Constitución entrerriana.

El juez también advirtió que los derechos fundamentales no pueden quedar reducidos a declaraciones teóricas, sino que deben tener una aplicación efectiva. Cuando las instituciones no garantizan su cumplimiento, sostuvo, se debilita la confianza de la sociedad en el sistema judicial y en el Estado.

Finalmente, la Corte ordenó al Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos que dicte una nueva sentencia respetando los criterios establecidos por el máximo tribunal. La resolución deberá contemplar la necesidad de ofrecer una respuesta concreta y urgente para proteger el derecho de la adolescente.

El fallo representa un importante respaldo al paradigma de la educación inclusiva y establece un mensaje claro para las autoridades: la discapacidad no puede convertirse en un motivo de exclusión ni justificar propuestas educativas que reduzcan las oportunidades de aprendizaje.

La decisión también vuelve a poner en discusión el papel del Estado en la protección de las personas con discapacidad, especialmente en un contexto de fuertes debates sobre las políticas públicas destinadas a este sector. En definitiva, la Corte dejó establecido que garantizar la educación no significa simplemente ofrecer una vacante, sino generar las condiciones necesarias para que cada estudiante pueda aprender, desarrollarse y participar plenamente de la vida escolar.