Luego de siete meses de dilaciones, idas y vueltas políticas y una fuerte presión social, el Gobierno nacional terminó por reglamentar la Ley de Emergencia en Discapacidad. La decisión llegó finalmente este miércoles, no por iniciativa propia, sino empujada por un fallo adverso de la justicia federal de Campana, que respondió a un amparo presentado por familias afectadas por el colapso del sistema de prestaciones. La reglamentación marca un punto de inflexión en un conflicto que atravesó vetos presidenciales, intentos de derogación encubierta y una prolongada resistencia oficial a poner la norma en marcha.
Durante este tiempo, las organizaciones de personas con discapacidad y sus familias sostuvieron una lucha constante frente a la Casa Rosada, con movilizaciones, reclamos públicos y acciones judiciales. Para ese colectivo, la publicación del decreto reglamentario representa una victoria, aunque parcial. Celebran que la ley haya sido finalmente reconocida, pero advierten que el verdadero desafío comienza ahora: que los compromisos se cumplan, que los fondos aparezcan y que las prestaciones vuelvan a funcionar con normalidad.
La reglamentación llegó al límite del plazo impuesto por el juez federal Adrián González Charvay, quien había advertido sobre posibles sanciones económicas e incluso penales para funcionarios nacionales si el Ejecutivo no avanzaba. Ese contexto explica el clima de tensión con el que se conoció el decreto y la desconfianza que persiste entre las familias afectadas, que recuerdan los meses de parálisis, recortes y cierre de áreas clave.
El nuevo marco reglamentario respeta los ejes centrales de la ley. En materia de prestadores, se prevé la actualización del nomenclador de servicios, la condonación total de deudas impositivas de instituciones con el Estado y la puesta en marcha de mecanismos de compensación económica de emergencia. En cuanto a las pensiones, se redefine el sistema bajo una lógica de protección social más amplia, incorporando progresivamente a personas con Certificado Único de Discapacidad, lo que implica un cambio relevante respecto de los planes de recorte que el Gobierno había proyectado.
Sin embargo, no todos los puntos quedaron resueltos. Los talleres protegidos, donde trabajan personas con discapacidad, continúan sin una reglamentación específica. Sus trabajadores siguen percibiendo asignaciones extremadamente bajas, congeladas desde fines de 2023, lo que mantiene a esas instituciones en una situación crítica.
El recorrido hasta este desenlace fue extenso y accidentado. La ley fue aprobada por unanimidad en el Senado, vetada poco después por el Presidente, ratificada nuevamente por el Congreso y luego virtualmente paralizada por decretos que impidieron su aplicación efectiva. A eso se sumaron intentos de derogarla mediante el Presupuesto 2026 y la disolución del organismo que debía ser autoridad de aplicación, lo que dejó a la norma sin un responsable claro durante semanas.
Finalmente, la justicia actuó como factor decisivo. El fallo obligó al Ejecutivo a retroceder y avanzar con la reglamentación. Aun así, el clima político deja en evidencia que el conflicto está lejos de cerrarse. Las organizaciones aseguran que seguirán en alerta permanente, convencidas de que cada derecho conquistado deberá ser defendido paso a paso para que la emergencia en discapacidad deje de ser una consigna y se transforme en una realidad concreta.