La situación judicial de Manuel Adorni ingresó en una nueva etapa luego de que la fiscalía impulsara un análisis detallado sobre su evolución patrimonial desde su llegada al Gobierno nacional. El objetivo central es determinar si existen diferencias entre sus ingresos declarados, sus bienes y los movimientos financieros registrados durante los últimos años.

El fiscal Gerardo Pollicita solicitó un informe técnico a la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero para reconstruir la situación económica del actual jefe de Gabinete y su entorno familiar. El análisis buscará revisar ingresos, inversiones, propiedades, deudas, gastos y movimientos de dinero, con especial atención al origen de los 500 mil dólares que Adorni declaró haber obtenido mediante inversiones en criptomonedas.

La investigación apunta a establecer si esos fondos cuentan con respaldo comprobable y si coinciden con las explicaciones brindadas públicamente por el funcionario. La fiscalía también pretende reconstruir el recorrido del dinero: cuándo ingresó, desde qué cuentas, a través de qué operaciones y cuál fue su destino final.

Entre los puntos que generan mayor interés judicial aparecen las adquisiciones realizadas durante los últimos años, como una propiedad en el country Indio Cuá, las reformas efectuadas en ese inmueble, un departamento en el barrio porteño de Caballito y distintos gastos vinculados a viajes y consumos. Según la investigación, se busca determinar si esos movimientos pueden ser justificados únicamente con los ingresos oficiales declarados.

También se analizan préstamos recibidos por parte de particulares, operaciones en dólares y otros movimientos económicos que deberán ser explicados dentro del expediente. La Justicia busca establecer si existió una diferencia entre el crecimiento patrimonial informado y la capacidad económica que tenía el funcionario al momento de realizar esas operaciones.

Adorni, por su parte, modificó algunas de sus explicaciones a medida que avanzó la causa. Inicialmente sostuvo que sus bienes estaban declarados y posteriormente explicó que parte de su patrimonio provenía de ahorros familiares y ganancias obtenidas a través de inversiones en criptomonedas. Además, realizó modificaciones en sus declaraciones juradas presentadas ante los organismos correspondientes.

Uno de los puntos clave será el análisis de las operaciones realizadas mediante plataformas de activos digitales. La fiscalía pidió revisar movimientos vinculados a billeteras virtuales y exchanges de criptomonedas para comprobar si existe correspondencia entre las operaciones informadas y el incremento patrimonial declarado.

El informe solicitado deberá comparar las distintas declaraciones juradas presentadas, identificar cambios, analizar ingresos y egresos, y determinar si cada operación cuenta con documentación que permita justificar su origen.

Si el resultado del análisis encuentra inconsistencias que no puedan ser explicadas, la causa podría avanzar hacia una instancia más compleja, con un eventual llamado a declaración indagatoria por presunto enriquecimiento ilícito, sin descartar otras figuras legales relacionadas con el manejo de fondos.

Mientras tanto, la investigación continúa enfocada en reconstruir con precisión la historia económica del funcionario y establecer si el crecimiento de su patrimonio tiene respaldo dentro de los ingresos y operaciones declaradas oficialmente.