La situación judicial de Francisco Adorni, funcionario del gobierno nacional y hermano del jefe de Gabinete, sumó un nuevo capítulo luego de que la fiscalía solicitara que sea citado a declaración indagatoria por presuntas irregularidades en la presentación de sus declaraciones juradas patrimoniales.
La investigación se centra en una serie de omisiones detectadas en la información que Adorni presentó sobre sus bienes. Según trascendió en el expediente, el funcionario incorporó recientemente una herencia valuada en más de 21 millones de pesos, un dato que no figuraba en declaraciones anteriores y que fue agregado mientras avanzaban las investigaciones sobre su patrimonio.
El fiscal a cargo del caso consideró poco creíble que un profesional con amplia experiencia en temas contables pudiera haber cometido errores de semejante magnitud. Durante más de dos décadas, Adorni se desempeñó como perito contador en el ámbito judicial de la provincia de Buenos Aires, donde, entre otras tareas, analizaba documentación patrimonial y declaraciones juradas. Esa trayectoria profesional es uno de los principales argumentos utilizados para cuestionar la explicación brindada por el funcionario.
La causa también apunta a otras presuntas omisiones relacionadas con ingresos de su esposa, además de varias cuentas bancarias que no habrían sido informadas oportunamente. Para la fiscalía, la suma de estos elementos genera sospechas suficientes como para avanzar hacia una instancia más profunda de investigación.
El pedido de indagatoria deberá ser evaluado ahora por el juez federal Daniel Rafecas, quien definirá si corresponde convocar formalmente al funcionario para que brinde explicaciones ante la Justicia. Mientras tanto, la pesquisa sobre un posible enriquecimiento patrimonial continúa abierta.
Los investigadores destacan además que Adorni no solo posee formación universitaria en ciencias económicas, sino también estudios de posgrado vinculados a la administración financiera y al control del sector público. A ello se suma su paso por distintos cargos de relevancia dentro de la administración nacional, incluyendo responsabilidades en organismos relacionados con el Ministerio de Defensa y con el sistema de retiros y pensiones militares.
En este contexto, la Justicia busca determinar si las inconsistencias detectadas responden a simples errores administrativos o si existió una omisión deliberada de información patrimonial. La respuesta a esa pregunta será clave para definir el futuro judicial de un funcionario que hoy se encuentra bajo la lupa por la transparencia de sus declaraciones de bienes.