En un giro inesperado dentro de la política social del Gobierno nacional, el programa Volver al Trabajo volvió a activarse tras una decisión judicial que obligó a restablecer los pagos a cientos de miles de beneficiarios en todo el país. La medida alcanza a más de 900 mil trabajadores informales que perciben una asistencia mensual, considerada clave en un contexto económico complejo.
La reactivación no fue una iniciativa del Ejecutivo, sino el resultado de una resolución del Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, quien dictó una medida cautelar ordenando la continuidad de las prestaciones hasta que exista una sentencia definitiva. En cumplimiento de ese fallo, la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social aprobó la transferencia de fondos correspondientes al mes de abril, por una suma que supera los 72 mil millones de pesos.
Si bien el Gobierno dejó en claro que apelará la decisión, el documento oficial reconoce la obligación de acatar la orden judicial vigente. En ese marco, se procedió a garantizar los pagos sin que ello implique, según se aclaró, un cambio en la estrategia general que se busca implementar en materia de asistencia social.
El conflicto se originó tras el anuncio de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien había comunicado el cierre definitivo del programa con la intención de reemplazarlo por un sistema de vouchers orientado a la capacitación laboral. La propuesta planteaba que los beneficiarios accedieran a talleres brindados por empresas u ორგანიზaciones, con el objetivo de facilitar su inserción en el mercado formal. Sin embargo, la iniciativa generó fuertes cuestionamientos en medio de un escenario marcado por el aumento del desempleo y la precarización laboral.
La eliminación del programa derivó en protestas de organizaciones sociales en distintos puntos del país. Entre ellas, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular destacó que la continuidad del beneficio es resultado de la movilización sostenida. Desde ese espacio señalaron que la medida judicial representa un alivio para los sectores más vulnerables y remarcaron la importancia de sostener la organización colectiva.
En los fundamentos del fallo, el juez subrayó el carácter social de la prestación y advirtió sobre el impacto negativo que podría generar su interrupción abrupta. Consideró que la asignación cumple un rol esencial para personas que no cuentan con empleo formal y dependen de ese ingreso para cubrir necesidades básicas.
Asimismo, cuestionó que el sistema de vouchers propuesto no resulta equivalente al esquema anterior, ya que no garantiza un sustento económico inmediato para quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad.
De esta manera, el programa Volver al Trabajo continuará vigente al menos de forma provisoria, mientras avanza el proceso judicial. El escenario sigue abierto y ahora la atención se centra en los próximos pasos del Gobierno, que deberá definir su estrategia frente a un fallo que, por el momento, asegura un ingreso fundamental para miles de familias argentinas.
