El Gobierno de La Rioja evalúa distintas alternativas para garantizar la continuidad de sus empresas estatales en un contexto marcado por las dificultades económicas que atraviesan tanto la provincia como el país. Entre las opciones que se encuentran bajo análisis figuran la incorporación de inversores privados en algunas Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria (SAPEM) e, incluso, la eventual venta de aquellas compañías que registran pérdidas sostenidas y cuya recuperación resulta cada vez más compleja.
La información fue confirmada por el secretario de Inversiones Públicas y Privadas, Gerardo Sánchez Volpini, quien aclaró que actualmente no existe ningún proceso formal de venta en marcha. No obstante, reconoció que el Ejecutivo mantiene conversaciones permanentes con potenciales inversores interesados en participar de algunos emprendimientos estatales.
El funcionario explicó que la delicada situación financiera obliga a revisar permanentemente la viabilidad de las empresas públicas. Según indicó, muchas de ellas enfrentan dificultades para sostener su funcionamiento debido a la reducción de recursos disponibles, lo que llevó al Estado provincial a disminuir el nivel de asistencia económica que tradicionalmente destinaba a esas sociedades.
Frente a ese escenario, el Gobierno considera que la participación del sector privado podría convertirse en una herramienta para fortalecer determinadas empresas, aportar nuevos recursos y garantizar su continuidad operativa. En ese sentido, Sánchez Volpini señaló que cualquier propuesta que llegue desde inversores será analizada cuidadosamente, evaluando tanto su viabilidad económica como su impacto sobre la actividad productiva.
Sin embargo, remarcó que existe un principio que el Ejecutivo considera prioritario en cualquier negociación: la preservación de las fuentes laborales. Aseguró que la protección del empleo constituye uno de los principales criterios que orientarán cualquier decisión relacionada con el futuro de las empresas estatales, por lo que las alternativas que se estudien deberán contemplar mecanismos para resguardar la continuidad de los trabajadores.
El funcionario también confirmó el cierre definitivo de la empresa estatal Colonia Cunícola, ubicada en el departamento Sanagasta, una decisión que calificó como excepcional dentro del conjunto de sociedades administradas por la provincia. Explicó que esa empresa fue la única cuya actividad debió discontinuarse, mientras que las restantes sociedades estatales continúan desarrollando sus tareas con normalidad.
Respecto del personal afectado por esa medida, Sánchez Volpini detalló que el proceso se llevó adelante mediante acuerdos individuales con cada uno de los trabajadores, respetando la legislación laboral vigente. Además, indicó que algunos empleados recibieron propuestas para incorporarse a otros proyectos impulsados por el Estado provincial, con el objetivo de reducir el impacto de la decisión.
El secretario reconoció que el cierre de Colonia Cunícola representó una medida difícil para la administración provincial y aseguró que nunca fue el resultado buscado cuando se puso en marcha el emprendimiento. Explicó que, pese a distintos intentos por revertir la situación, la empresa no logró alcanzar los niveles de producción y comercialización necesarios para sostener su funcionamiento en el tiempo.
Según manifestó, el contexto económico general terminó condicionando las posibilidades de recuperación. La combinación de dificultades financieras, menores recursos y la imposibilidad de consolidar un esquema comercial rentable derivó en una situación que hizo inviable la continuidad de la actividad.
En ese marco, el Gobierno provincial insiste en que la realidad de las empresas estatales no puede analizarse de manera aislada, ya que forma parte de un escenario económico más amplio que afecta tanto a las administraciones públicas como al sector privado. Por ese motivo, la búsqueda de nuevos socios estratégicos aparece como una de las alternativas para fortalecer aquellas sociedades que presentan potencial de crecimiento, al tiempo que se intenta reducir el impacto fiscal que representan las empresas deficitarias.
De esta manera, la Provincia mantiene abiertas distintas opciones para reorganizar su estructura empresarial, con el objetivo de preservar las actividades productivas, proteger el empleo y adaptar el funcionamiento de las SAPEM a un contexto económico cada vez más exigente. Aunque por el momento no existen operaciones concretas de venta, el análisis continúa y no se descarta que, en el futuro, algunas empresas puedan incorporar capitales privados o avanzar hacia nuevos esquemas de gestión que permitan asegurar su sostenibilidad.