La provincia de La Rioja dio un paso importante en materia institucional con el ingreso a la Legislatura de un proyecto de ley que propone la creación de un Juzgado Electoral autónomo. La iniciativa busca concretar una disposición que ya estaba prevista en la Constitución provincial desde hace décadas, pero que nunca había sido implementada de manera plena e independiente.
La propuesta tomó estado parlamentario durante la última sesión legislativa y ahora comenzará su recorrido de análisis en las distintas comisiones antes de llegar al recinto para su tratamiento definitivo. De ser aprobada, permitirá completar la estructura de la justicia electoral riojana tal como fue concebida por la Carta Magna provincial.
Hasta la actualidad, las funciones correspondientes al juzgado electoral eran desempeñadas por el Juzgado de Paz Letrada de la Primera Circunscripción Judicial. Sin embargo, este organismo actuaba como una dependencia complementaria dentro del sistema electoral y no como una institución propia y especializada en la materia.
La normativa vigente que regula el funcionamiento electoral en la provincia tiene sus orígenes en 1983, en los meses previos al retorno de la democracia. Posteriormente, la reforma constitucional de 1986 otorgó carácter permanente al Tribunal Electoral Provincial, aunque la creación efectiva de un juzgado electoral independiente quedó pendiente. Casi cuatro décadas después, la provincia busca saldar esa deuda institucional.
La iniciativa plantea que la justicia electoral quede integrada por dos órganos constitucionales claramente definidos: el Tribunal Electoral Provincial y el nuevo Juzgado Electoral. Ambos actuarían de manera coordinada dentro de un mismo ámbito funcional, aunque con competencias específicas y diferenciadas para garantizar una mayor eficiencia en los procesos electorales.
Entre las tareas que tendría a su cargo el nuevo organismo se destacan el control y reconocimiento legal de los partidos políticos, la supervisión de sus procesos internos, la fiscalización de asambleas y autoridades partidarias, así como también la actualización y control de los registros de afiliados. Estas funciones buscan fortalecer la transparencia y el correcto funcionamiento de la vida política provincial.
Otro de los puntos centrales del proyecto está relacionado con la designación de quien estará al frente del juzgado. El cargo será cubierto mediante un concurso público organizado por el Consejo de la Magistratura, siguiendo los mecanismos establecidos en la reforma constitucional de 2024. De esta manera, el procedimiento será similar al utilizado para la selección de otros magistrados de la Función Judicial.
El juez electoral tendrá un mandato de diez años y, una vez cumplido ese período, podrá aspirar a continuar en el cargo mediante una nueva evaluación que determine su idoneidad para seguir desempeñando la función.
Ahora, el proyecto deberá superar las distintas etapas legislativas y, en caso de convertirse en ley, será promulgado por el Poder Ejecutivo. Posteriormente, el Consejo de la Magistratura estará habilitado para convocar al concurso correspondiente.
La creación del Juzgado Electoral autónomo representa una transformación significativa para la institucionalidad riojana. Además de fortalecer la estructura electoral de la provincia, busca garantizar una mayor especialización en el control y organización de los procesos democráticos, consolidando una reforma que permanecía pendiente desde hace casi cuarenta años.
