El Gobierno de La Rioja declaró por 180 días la emergencia económica, crediticia y social vinculada con las operaciones de crédito para consumo y estableció un nuevo régimen destinado a proteger a las personas que recurren a préstamos para afrontar sus gastos cotidianos.

La medida busca responder al crecimiento del sobreendeudamiento y apunta especialmente a los créditos otorgados por actores que no forman parte del sistema financiero tradicional, como casas de préstamos, prestamistas, proveedores no financieros de crédito, empresas fintech, plataformas digitales y determinados servicios de pago que ofrecen billeteras virtuales.

Uno de los puntos centrales del nuevo esquema es el establecimiento de un límite para las tasas de interés. La Provincia tomará como referencia la Tasa Nominal Anual correspondiente a los préstamos personales de libre destino, no garantizados y a tasa fija para consumo que informe periódicamente el Banco de la Nación Argentina.

De esta manera, no se fija un porcentaje único, sino que el límite podrá actualizarse de acuerdo con la referencia establecida. Las operaciones alcanzadas por el régimen que superen ese parámetro podrán ser consideradas excesivas, abusivas y desproporcionadas, sin perjuicio de las acciones que posteriormente puedan determinar las autoridades judiciales.

El nuevo sistema también crea un Registro Provincial de Proveedores de Servicios de Crédito para Consumo. Los prestamistas y empresas comprendidos deberán inscribirse obligatoriamente para poder desarrollar su actividad dentro de la provincia. La falta de inscripción será considerada una infracción grave y podría derivar en medidas como la clausura de establecimientos o la inhabilitación de plataformas que ofrezcan créditos en territorio riojano.

Además, los proveedores deberán entregar información clara antes de concretar cualquier operación. Los consumidores tendrán que conocer cuánto dinero reciben efectivamente, la tasa aplicada, el número y valor de las cuotas, el monto total a devolver, las comisiones, cargos, seguros e impuestos, las consecuencias de la mora y las condiciones para cancelar anticipadamente el préstamo.

El régimen también prohíbe determinadas prácticas consideradas abusivas. Entre ellas aparecen los cargos no solicitados, la aplicación de costos desproporcionados, la exigencia de documentos personales o claves para acceder al dinero y las estrategias de cobranza intimidatorias, engañosas o humillantes.

Uno de los aspectos de mayor impacto durante la emergencia será la suspensión, por 180 días, de determinadas medidas cautelares de embargo y ejecuciones judiciales vinculadas con deudas provenientes de créditos de consumo cuando el deudor tenga la condición de consumidor.

La medida no elimina las deudas ni implica que las obligaciones desaparezcan. El objetivo es generar un período para revisar las condiciones de los créditos y buscar alternativas antes de avanzar con acciones de cobro compulsivo.

Durante ese plazo también se establece una instancia obligatoria de conciliación administrativa. Allí podrán analizarse reducciones de intereses, comisiones y cargos, la imputación al capital de sumas cobradas en exceso y la elaboración de planes de pago que tengan en cuenta la capacidad económica del deudor.

El Gobierno provincial también puso especial atención sobre el crecimiento del crédito digital. La incorporación de fintech, plataformas y billeteras virtuales busca que las nuevas modalidades de financiamiento queden incluidas cuando no estén alcanzadas por otra regulación específica.

La Subsecretaría de Comercio Interior y Defensa al Consumidor será la encargada de aplicar el régimen, tanto a partir de denuncias como mediante controles de oficio. Las sanciones previstas incluyen apercibimientos, multas, decomisos, clausuras y suspensiones de determinadas actividades.

La emergencia tendrá una duración inicial de 180 días y deberá ser remitida a la Función Legislativa para su tratamiento, de acuerdo con lo establecido en el propio decreto.

Con esta decisión, La Rioja busca intervenir sobre un problema que afecta cada vez a más hogares: el acceso a préstamos para cubrir necesidades básicas y la dificultad posterior para devolverlos. El desafío será encontrar un equilibrio entre garantizar el acceso al crédito y evitar que las tasas, los cargos y las prácticas de cobranza terminen convirtiendo una solución financiera en una deuda imposible de afrontar.