El Gobierno de La Rioja dio un nuevo paso en el histórico reclamo territorial que mantiene con la provincia de San Juan. El gobernador Ricardo Quintela promulgó la Ley Provincial N.º 10.876, una norma que respalda formalmente la posición riojana respecto de una extensa zona actualmente administrada por la provincia vecina y que, según sostiene la administración provincial, fue incorporada a la jurisdicción sanjuanina mediante una decisión adoptada durante la última dictadura militar.

Con la promulgación de esta ley, el Ejecutivo provincial ratificó su decisión de impulsar acciones políticas y judiciales con el objetivo de reabrir el debate sobre los límites interprovinciales. La iniciativa había sido aprobada previamente por la Cámara de Diputados de La Rioja con amplio respaldo legislativo, aunque contó con el rechazo del bloque de La Libertad Avanza.

A través de esta medida, el Gobierno riojano considera que la delimitación establecida en 1968 mediante una ley nacional dictada durante el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía careció del procedimiento institucional que exige la Constitución Nacional, ya que, según sus argumentos, modificó los límites provinciales sin la correspondiente intervención del Congreso.

La zona objeto del reclamo comprende aproximadamente 2.651 kilómetros cuadrados ubicados en el departamento Iglesia, en San Juan. Se trata de un territorio de gran valor estratégico debido a su riqueza minera, su importancia ambiental y su potencial turístico. Dentro de esa región se encuentran áreas de gran reconocimiento nacional e internacional, lo que incrementa el interés sobre la definición de su jurisdicción.

Desde el Gobierno riojano sostienen que el conflicto territorial se remonta a varias décadas atrás y que la norma aprobada busca recuperar la institucionalidad en torno a un diferendo que consideran pendiente. En ese marco, la provincia anunció que llevará el reclamo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tribunal competente para intervenir en controversias entre provincias.

La nueva legislación también instruye a la Fiscalía de Estado a iniciar las acciones legales necesarias y faculta al Poder Ejecutivo para realizar gestiones administrativas, políticas y legislativas tanto ante el Congreso Nacional como ante otros organismos vinculados con la cuestión.

Al mismo tiempo, la ley prevé la creación de una Comisión Especial de Estudio, Seguimiento y Delimitación Territorial Interprovincial dentro de la Legislatura riojana. Este organismo estará integrado por diputados provinciales y contará con el asesoramiento de especialistas en historia, geografía, cartografía, minería y derecho, además de representantes de la Asesoría General de Gobierno y la Fiscalía de Estado.

Entre sus funciones se destacan la recopilación de documentación histórica, antecedentes jurídicos y estudios técnicos relacionados con la disputa limítrofe, así como el seguimiento permanente de las acciones que impulse el Ejecutivo y la coordinación de estrategias con los legisladores nacionales que representan a La Rioja.

Si bien la provincia reafirmó su decisión de avanzar por la vía judicial, también manifestó su voluntad de mantener canales de diálogo con San Juan para buscar una solución institucional al conflicto. Incluso dejó abierta la posibilidad de explorar mecanismos de cooperación o administración conjunta de determinados sectores del área en disputa, siempre dentro de un marco de consenso entre ambas jurisdicciones.

Con esta nueva etapa, el histórico diferendo territorial vuelve a ocupar un lugar central en la agenda política regional. El proceso podría derivar en un nuevo análisis por parte de la Corte Suprema, mientras La Rioja sostiene su postura de recuperar un territorio que considera propio y San Juan mantiene firme la defensa de los límites actualmente vigentes.