La Justicia Federal admitió a la Provincia de La Rioja como querellante en la causa que investiga el presunto manejo irregular de los recursos correspondientes al Sistema Vial Integrado, conocido como SisVial. La decisión representa un nuevo capítulo en el conflicto que mantiene el Gobierno riojano con la administración nacional por el financiamiento y la paralización de obras en rutas nacionales.

El gobernador Ricardo Quintela comunicó el avance judicial y destacó la importancia de que la Provincia pueda participar formalmente en el expediente. A partir de esta resolución, La Rioja tendrá la posibilidad de intervenir en la investigación, aportar elementos, solicitar medidas y seguir de cerca el análisis sobre el destino que tuvieron los fondos recaudados para infraestructura vial.

El planteo provincial se basa en que los recursos obtenidos a través de los impuestos vinculados al consumo de combustibles tienen un destino establecido por la legislación: financiar la construcción, conservación, mantenimiento y seguridad de las rutas nacionales.

En ese marco, el Gobierno riojano volvió a cuestionar la paralización de distintas obras consideradas estratégicas para la provincia. Entre ellas se encuentran trabajos relacionados con las rutas nacionales 76, 73 y 75, corredores fundamentales para la conectividad territorial, el transporte de bienes y personas y el desarrollo de distintas actividades productivas.

El reclamo apunta particularmente al destino de los recursos. Según sostuvo Quintela, mientras las obras permanecen detenidas y las necesidades de infraestructura continúan creciendo, los fondos que deberían estar orientados al desarrollo vial habrían sido utilizados para otros objetivos. En sus cuestionamientos, el mandatario hizo referencia a la especulación financiera y a las políticas de ajuste implementadas por el Gobierno nacional.

Con la incorporación de La Rioja como querellante, la Provincia podrá tener una participación más activa dentro de la causa judicial. El objetivo será aportar información y promover las medidas que considere necesarias para determinar qué ocurrió con los fondos del SisVial y establecer si existieron irregularidades en su administración.

El conflicto también se inscribe en una discusión más amplia vinculada con el federalismo y la distribución de los recursos nacionales. Desde la perspectiva del Gobierno riojano, el reclamo por las rutas no se limita únicamente a la ejecución de obras, sino que representa una disputa por el cumplimiento de las obligaciones que corresponden al Estado nacional con las provincias.

Las rutas 76, 73 y 75 tienen especial importancia para La Rioja debido a su impacto en la comunicación entre diferentes localidades y regiones, además de su vínculo con el transporte y la actividad económica. La falta de mantenimiento y la interrupción de obras generan preocupación por el estado de los corredores y por las consecuencias que podrían producir sobre la circulación y la seguridad vial.

El gobernador Quintela ratificó que la Provincia continuará reclamando por la continuidad de las obras y por el destino de los recursos destinados a infraestructura. La admisión como querellante le permite ahora trasladar ese reclamo al ámbito judicial y participar directamente de una investigación que buscará determinar cómo fueron administrados los fondos.

De esta manera, la causa por el SisVial suma a La Rioja como parte activa del proceso, mientras continúa el debate político y judicial sobre el financiamiento de las rutas nacionales y el cumplimiento de las responsabilidades del Estado en materia de infraestructura.

Para el Gobierno provincial, el avance judicial representa una oportunidad para profundizar el reclamo y defender los recursos que considera indispensables para el desarrollo de la provincia. La definición del expediente podría convertirse, además, en un antecedente relevante dentro de la discusión nacional sobre federalismo, infraestructura y distribución de fondos públicos.