Desde el 1° de abril, la provincia de La Rioja puso en marcha un cambio estructural en su sistema de control estatal con la entrada en vigencia de la ley N° 10.853, que actualiza el funcionamiento del Tribunal de Cuentas de La Rioja tras cuatro décadas bajo la normativa anterior. La nueva legislación reemplaza a la ley 4828, considerada desactualizada frente a las exigencias actuales de gestión y fiscalización de los recursos públicos.
El presidente del organismo, Jorge Menem, explicó que la reforma responde a la necesidad de incorporar herramientas y prácticas que se venían desarrollando en los últimos años, pero que aún no contaban con respaldo normativo. El proyecto, además, fue elaborado con la participación de distintas áreas del Tribunal, lo que permitió construir una ley consensuada y alineada con los desafíos actuales.
Uno de los pilares centrales de la nueva normativa es la digitalización. A partir de ahora, los procesos administrativos contarán con plena validez jurídica en formato digital, incluyendo la firma electrónica, las notificaciones digitales y la constitución de domicilios electrónicos. Este avance no solo agiliza los trámites, sino que también garantiza mayor seguridad en el resguardo de la información. Incluso, la ley contempla la incorporación de tecnologías innovadoras, como el uso de inteligencia artificial y sistemas de almacenamiento digital inviolable, lo que representa un salto significativo en la modernización del organismo.
El segundo eje clave es la implementación del control concomitante, una herramienta que permitirá supervisar el uso de los recursos públicos en tiempo real. Hasta ahora, el Tribunal intervenía de manera preventiva o posterior, pero existía un vacío durante la ejecución del gasto. Con este nuevo enfoque, será posible detectar irregularidades de forma anticipada y corregir desvíos antes de que se concreten, priorizando una lógica preventiva por sobre la sancionatoria.
En tercer lugar, la ley refuerza el compromiso con la transparencia. A diferencia del esquema anterior, donde los informes eran remitidos principalmente a la Legislatura, ahora la información será difundida de manera abierta a la ciudadanía a través de plataformas digitales. Esto permitirá visibilizar el trabajo del organismo, incluyendo sanciones, multas y recupero de fondos públicos, aspectos que muchas veces no llegaban al conocimiento general.
Además, la normativa facilitará un seguimiento más cercano de la ejecución del gasto, permitiendo verificar en forma más inmediata la correcta utilización de bienes y servicios adquiridos por el Estado.
Con esta nueva ley, La Rioja busca posicionarse a la vanguardia en materia de control público, apostando a un sistema más ágil, eficiente y transparente. El desafío hacia adelante será consolidar su implementación, profundizar la capacitación del personal y garantizar que estas herramientas se traduzcan en una mejora concreta en la administración de los recursos públicos, fortaleciendo así la confianza de la sociedad en las instituciones.