La Rioja comenzó a evaluar la creación de un Instituto Provincial de Vitivinicultura, una iniciativa que surge en medio de un fuerte clima de incertidumbre dentro del sector tras el proceso de desregulación impulsado por el Gobierno nacional. La medida, que implicó la derogación de 973 normas históricas del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), encendió alarmas en bodegas, productores y operadores internacionales, quienes advierten que la actividad podría quedar expuesta a riesgos comerciales sin precedentes.
Desde el Ministerio de Producción y Ambiente, el ministro Ernesto Pérez anticipó que la provincia abrirá una ronda de consultas con referentes productivos, académicos y científicos para delinear una propuesta integral que será elevada al gobernador Ricardo Quintela. Según explicó, La Rioja no solo busca llenar un vacío regulatorio, sino también resguardar décadas de trabajo que posicionaron a los vinos riojanos como productos de calidad reconocidos a nivel mundial.
En su análisis, Pérez fue contundente al señalar que la desregulación nacional podría dejar al sector sin herramientas esenciales de certificación, afectando la trazabilidad y poniendo en duda la confianza de los mercados internacionales. Para la provincia, esto representa un riesgo directo sobre una de sus economías regionales más emblemáticas.
El funcionario remarcó que “La Rioja ha construido un nombre propio en la vitivinicultura argentina”, y subrayó que los vinos locales funcionan como verdaderos embajadores culturales y económicos. Frente a ese escenario, consideró indispensable avanzar hacia un esquema propio de control que garantice la calidad, el origen y la competitividad del producto.
La preocupación también se replica a nivel nacional. Especialistas del sector señalan que, si bien algunas de las normas derogadas estaban en desuso, el recorte masivo no contempló los impactos que podrían generarse en los mercados internacionales. La trazabilidad, los registros de contenido alcohólico y los sistemas de control son elementos clave para garantizar que cada vino que sale del país cumpla estándares reconocidos globalmente.
Mientras tanto, organismos provinciales como el Instituto de Servicios Ambientales ya incorporaron nuevas metodologías de análisis físico-químicos y microbiológicos, lo que se interpreta como una antesala para la creación del futuro organismo provincial.
Desde el Gobierno riojano insisten en que defender la producción es defender el trabajo local, la historia de sus bodegas y el futuro de un sector que genera arraigo, desarrollo y oportunidades. En un contexto de desregulación acelerada, la provincia busca asegurarse de que la calidad del vino riojano no quede librada al azar y que la identidad construida a lo largo de décadas no se vea amenazada.