La Cámara de Diputados vivió una jornada intensa y atravesada por fuertes posicionamientos políticos en torno al proyecto de reforma de la Ley de Glaciares, impulsado por el gobierno nacional. A lo largo del debate, se sucedieron discursos encendidos, cuestionamientos cruzados y advertencias sobre el impacto ambiental, económico y social de la iniciativa, mientras en las afueras del Congreso también se registraban incidentes durante una protesta.
La sesión comenzó con una nueva ronda de cuestiones de privilegio que rápidamente elevaron el tono del recinto. Desde el Frente de Izquierda, el diputado Néstor Pitrola planteó la necesidad de avanzar con un juicio político contra el presidente Javier Milei, al sostener que existen elementos suficientes vinculados a una presunta estafa con la criptomoneda “$Libra”. A su turno, el legislador Rodolfo Tailhade cuestionó el accionar judicial en la investigación del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, apuntando contra el funcionamiento del Consejo de la Magistratura.
Con el correr de las horas, el eje del debate se concentró en la reforma de la Ley de Glaciares, donde las posturas se mostraron profundamente divididas. El diputado Agustín Rossi defendió la normativa vigente y advirtió que modificarla implicaría “entrar en una zona de poca previsibilidad”, al considerar que la ley actual ha demostrado ser eficaz durante más de una década.
En la misma línea, Nicolás Trotta alertó sobre las posibles consecuencias del proyecto, al señalar que podría generar un deterioro significativo en términos de desarrollo sostenible. Según su mirada, la iniciativa no contempla garantías suficientes en materia ambiental ni promueve un crecimiento productivo equilibrado.
Las críticas también llegaron desde otros sectores del arco político. El diputado Miguel Ángel Pichetto anticipó su rechazo al proyecto, calificándolo como un retroceso, mientras que Myriam Bregman sostuvo que la reforma responde a intereses corporativos y advirtió sobre un posible “saqueo” de los recursos naturales.
Por su parte, Juan Carlos Molina utilizó un tono crítico y simbólico al proponer que la iniciativa sea denominada “ley de entrega del agua”, al considerar que pone en riesgo recursos estratégicos. En tanto, Germán Martínez llamó a evitar “falsas antinomias” entre desarrollo y cuidado ambiental, defendiendo la posibilidad de compatibilizar ambas dimensiones.
Desde el oficialismo, el diputado Nicolás Mayoraz defendió el proyecto al asegurar que no implica un descontrol por parte de las provincias y sostuvo que el desarrollo sustentable es posible dentro del marco propuesto. Además, remarcó el respaldo del presidente Milei a las jurisdicciones provinciales.
En paralelo, la tensión también se trasladó a las calles. Durante la tarde, se registraron incidentes entre manifestantes y fuerzas de seguridad en las inmediaciones del Congreso, con al menos una persona detenida en medio de la protesta contra la reforma.
De esta manera, el debate por la Ley de Glaciares expone no solo diferencias legislativas, sino también visiones contrapuestas sobre el modelo de desarrollo del país. Mientras algunos sectores advierten sobre riesgos ambientales y pérdida de soberanía, otros sostienen la necesidad de avanzar en nuevas oportunidades productivas. En este escenario, la definición parlamentaria se presenta clave, en medio de un clima político y social marcado por la tensión.