La reforma de la Ley de Glaciares ingresa en una etapa decisiva y el clima político se recarga a medida que se acerca el debate en la Cámara de Diputados. En la apertura de sesiones legislativas, el presidente Javier Milei dejó una definición que resonó con fuerza: prometió llevar al país “lejos de prejuicios ambientalistas absurdos” y eliminar “las barreras” que, según su visión, impiden el desarrollo de las riquezas naturales. Aunque sin exabruptos, la frase cayó como un fuerte mensaje en provincias donde la defensa del ambiente tiene historia y organización.
El oficialismo busca acelerar el tratamiento del proyecto, luego de obtener media sanción en el Senado. La intención es lograr dictamen en comisión en los próximos días y exhibir avances ante inversores internacionales. De hecho, la propuesta fue presentada como una señal de apertura durante la convención minera más importante del mundo, organizada por la Prospectors & Developers Association of Canada en Toronto, y también se prevé que forme parte de la agenda de promoción económica en Nueva York.
El punto central del debate gira en torno a las definiciones técnicas. Especialistas advierten que cambiar el concepto de glaciar puede modificar sustancialmente el alcance de la protección. Hasta ahora, la identificación y el inventario están a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, organismo científico dependiente del sistema público de investigación. Según remarcan investigadores, la ley vigente permitió registrar 16.968 glaciares en todo el territorio nacional, distribuidos en más de 8.400 kilómetros cuadrados.
La reforma propone que solo sean considerados glaciares aquellos cuerpos de hielo de al menos una hectárea de superficie. Ese criterio dejaría fuera a miles de formaciones menores que, si bien no siempre resultan visibles en las postales turísticas de El Calafate, cumplen funciones clave como reserva estratégica de agua dulce, especialmente en contextos de sequía extrema.
Otro aspecto sensible es la redefinición del ambiente periglaciar, es decir, las zonas que rodean y complementan a los glaciares. La iniciativa oficial plantea limitar su protección a los sectores que demuestren una función hídrica “efectiva y relevante”, una formulación que, según voces críticas, abre la puerta a interpretaciones discrecionales.
Mientras tanto, en distintos puntos del país se multiplican las asambleas y acciones informativas. En Andalgalá, vecinos con larga trayectoria en conflictos mineros vuelven a movilizarse. En localidades de Salta y Mendoza, organizaciones sociales impulsan charlas y encuentros para explicar qué está en juego. Incluso en áreas con protección reforzada, como el Parque Nacional Los Glaciares, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, guías y trabajadores del turismo promueven espacios de información para visitantes.
El debate excede lo técnico y se instala como una discusión de modelo de desarrollo. Para el Gobierno, se trata de remover obstáculos a la inversión. Para sectores ambientalistas y científicos, el riesgo es comprometer ecosistemas que regulan el clima y garantizan agua a millones de personas. En ese cruce de visiones, Diputados tendrá ahora la palabra en lo que muchos ya describen como el último round de una disputa que combina economía, ciencia y futuro.