El año 2025 se consolidó como un punto de quiebre en la política mendocina y en la estrategia de poder del gobernador Alfredo Cornejo. Con una mayoría legislativa firme y una oposición fragmentada, el mandatario avanzó con un paquete de leyes que reconfiguraron el escenario provincial, habilitando la megaminería metalífera y la exploración en zonas periglaciares. La Legislatura funcionó como el principal soporte de esa hegemonía, no solo para aprobar iniciativas vinculadas al desarrollo minero, sino también reformas resistidas socialmente, como la modificación del Estatuto del Empleado Público.
El cierre del año tuvo un hito clave: el destrabe del Proyecto San Jorge, una iniciativa que durante años había encontrado obstáculos políticos y sociales. Además, Cornejo impulsó una normativa inédita que permite la actividad minera en ambientes periglaciares, anticipando un debate de alto voltaje sobre una eventual modificación de la Ley de Glaciares. Mientras el oficialismo mostraba a Mendoza como un destino atractivo para las inversiones, especialmente en foros vinculados al sector extractivo, otro escenario se desarrollaba en paralelo.
Las calles, rutas, plazas y tribunales volvieron a convertirse en espacios centrales de resistencia. Las protestas de 2025 no alcanzaron la masividad de la histórica pueblada de 2019, pero adquirieron una característica distinta: una expansión territorial constante, con acciones simultáneas en distintos departamentos de la provincia. Esa capilaridad de manifestaciones fortaleció una red de resistencia que se expresó tanto en la movilización social como en el plano judicial.
En los tribunales, las impugnaciones al Proyecto San Jorge se multiplicaron. Hacia el final del año ingresaron nuevos recursos legales con el objetivo de frenar la iniciativa minera. Las presentaciones cuestionan la validez del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental y advierten sobre un esquema que, según los demandantes, delega decisiones críticas en etapas futuras sin controles suficientes. Señalan, además, que observaciones técnicas de organismos especializados no habrían sido debidamente incorporadas antes de la aprobación legislativa.
En paralelo, las manifestaciones se intensificaron en el territorio. Ruidazos, murales, marchas y caravanazos se repitieron en el Gran Mendoza, el Valle de Uco, el Sur provincial y zonas rurales. El acampe instalado en las inmediaciones del río Tunuyán se transformó en un símbolo de resistencia sostenida, incluso durante las fiestas de fin de año. Estas acciones se desarrollan en un contexto de creciente tensión, con denuncias de persecución judicial y detenciones de referentes sociales.
Una de las particularidades de este nuevo ciclo de protestas es su carácter horizontal. No hay estructuras partidarias ni liderazgos centralizados. Vecinos y vecinas se organizan de manera autoconvocada a través de redes sociales y grupos de mensajería, construyendo una dinámica colectiva que permite replicar acciones en distintos puntos de la provincia al mismo tiempo.
Las organizaciones ambientales anticipan que este clima no solo se mantendrá, sino que se profundizará en 2026. La memoria de la pueblada del agua de 2019 sigue presente como antecedente, pero el escenario actual presenta desafíos distintos. Con proyectos extractivos en marcha y debates nacionales en puerta, especialmente en torno a la protección de glaciares, Mendoza se perfila como uno de los principales focos de la disputa socioambiental en el país. Todo indica que el próximo año estará atravesado por una conflictividad persistente, donde la calle y la justicia seguirán siendo los escenarios centrales de la resistencia.
