El ministro de Seguridad de La Rioja, Miguel Zárate, confirmó que aceptó la propuesta del gobernador Ricardo Quintela para convertirse en el próximo titular del Ministerio Público Fiscal de la provincia. El cambio, sin embargo, todavía no está definido, ya que la postulación deberá atravesar el procedimiento institucional correspondiente y ser analizada por la Cámara de Diputados.
Zárate confirmó que Quintela ya le comunicó formalmente su intención de proponerlo para ocupar la conducción del Ministerio Público Fiscal y señaló que decidió aceptar el desafío. El funcionario consideró que se trata de una responsabilidad de gran relevancia y destacó la confianza depositada en su persona por parte del mandatario provincial.
El próximo paso será la presentación formal del pliego ante la Legislatura. De acuerdo con el procedimiento previsto, el gobernador tiene la facultad constitucional de proponer al titular del Ministerio Público Fiscal, mientras que la Cámara de Diputados debe avanzar con el tratamiento de la candidatura.
Por el momento, ese trámite todavía no fue formalizado. Zárate explicó que resta que el Ejecutivo provincial concrete el envío de la propuesta para que posteriormente se ponga en marcha el proceso legislativo.
Si finalmente obtiene el respaldo correspondiente, Zárate dejará el Ministerio de Seguridad, cartera que conduce actualmente, para asumir una nueva función dentro de la estructura judicial de la provincia.
El eventual reemplazo en Seguridad ya comenzó a formar parte de las conversaciones entre el ministro y el gobernador. Según explicó Zárate, Quintela le consultó su opinión sobre el perfil que debería tener la persona encargada de continuar al frente del área. Sin embargo, el funcionario aclaró que no propuso un nombre concreto y remarcó que la decisión final estará en manos del gobernador.
Mientras se define su futuro institucional, Zárate también informó sobre una medida disciplinaria adoptada dentro de la Policía de La Rioja. Dos efectivos fueron expulsados de la fuerza luego de una investigación administrativa relacionada con presuntas actividades de préstamos de dinero fuera del marco legal.
Los agentes involucrados fueron identificados como el oficial principal Carrizo y el cabo Loyola. De acuerdo con la investigación administrativa, ambos habrían desarrollado actividades de préstamos con intereses elevados y utilizado distintos mecanismos para garantizar el cobro de las deudas.
Entre las maniobras investigadas se mencionó la retención de tarjetas de débito, el acceso a claves de cajeros automáticos y la utilización de pagarés que, en algunos casos, se encontraban firmados con los montos sin completar.
Uno de los procedimientos más importantes se realizó en la localidad de Catuna, donde se secuestraron más de 600 tarjetas de débito y aproximadamente 1.000 pagarés, además de dinero y documentación vinculada con la investigación.
Zárate explicó que la expulsión representa la máxima sanción disciplinaria prevista dentro de la Policía provincial. Al mismo tiempo, aclaró que la medida administrativa tiene un alcance diferente al proceso que pueda desarrollarse en el ámbito de la Justicia Penal.
De esta manera, la agenda de Seguridad provincial atraviesa un período de cambios. Mientras se espera la definición legislativa sobre la posible llegada de Miguel Zárate al Ministerio Público Fiscal, el Gobierno deberá resolver quién asumirá la conducción de Seguridad y continuará con las políticas implementadas en esa área.