El Gobierno nacional se prepara para abrir una etapa decisiva en su agenda legislativa. El presidente Javier Milei firmará este viernes el decreto que convocará formalmente a sesiones extraordinarias del Congreso, una instancia estratégica en la que buscará avanzar con un paquete de reformas estructurales y, de manera prioritaria, con la aprobación del Presupuesto 2026, considerado una herramienta central para encarar la segunda parte de su mandato.
El decreto será publicado en el Boletín Oficial el primer día hábil de la próxima semana, el 9 de diciembre, y establecerá dos puntos fundamentales: cuáles serán los proyectos habilitados para su tratamiento exclusivo y el período de vigencia de estas sesiones. En el oficialismo ya dan por hecho que el trabajo parlamentario comenzará el 10 de diciembre y se extenderá hasta los últimos días del mes, siguiendo un esquema similar al aplicado el año anterior. Durante las fiestas de fin de año y las primeras semanas de enero, la actividad legislativa quedaría en pausa.
Sin embargo, el plan del Ejecutivo contempla un segundo llamado a sesiones extraordinarias para enero de 2026, replicando la modalidad utilizada a comienzos de este año, cuando el Congreso trabajó entre fines de enero y febrero. La intención es sostener el ritmo legislativo y evitar una paralización prolongada de la actividad parlamentaria.
Aunque todavía no se difundió de manera oficial la lista definitiva de proyectos, en el Gobierno ya se da por descontado que los ejes centrales serán el Presupuesto 2026, la reforma o modernización laboral, la llamada ley de inocencia fiscal, la reforma del Código Penal, la modificación de la Ley de Glaciares y una ambiciosa reforma tributaria.
La mesa chica del Gobierno, reunida recientemente en Casa Rosada, definió que los dos proyectos prioritarios para esta primera etapa serán el Presupuesto 2026 y la ley de inocencia fiscal, que iniciarán su recorrido en la Cámara de Diputados. El objetivo del oficialismo es que ambas iniciativas obtengan sanción durante las próximas semanas.
El proyecto presupuestario ocupa un lugar central en la estrategia presidencial. Desde el entorno de Milei destacan la necesidad de comenzar el próximo año con una proyección de gastos y recursos avalada por ley, que brinde previsibilidad a todas las áreas del Estado nacional. En ese camino, el Gobierno mantiene conversaciones con gobernadores y referentes legislativos para asegurar los apoyos necesarios.
Otro de los grandes ejes será la reforma laboral, cuyo tratamiento comenzará en el Senado. El texto fue elaborado por un equipo técnico integrado por funcionarios de áreas clave, con el objetivo de introducir cambios profundos en el sistema vigente. Entre los puntos más destacados, se establece que la Ley de Contrato de Trabajo no será aplicable al empleo público, al sector agrario, al trabajo en casas particulares, a relaciones comerciales regidas por el Código Civil y a servicios prestados mediante plataformas digitales.
En materia de vacaciones, se fija un nuevo período entre el 1 de octubre y el 30 de abril, con posibilidad de fraccionamiento y reprogramaciones por enfermedad. Además, se habilitan mecanismos de flexibilidad laboral a través de convenios colectivos. En cuanto a los despidos, se redefine la indemnización con nuevos topes y pisos, y se avanzará en cambios sobre la representación gremial en empresas pequeñas.
Con este escenario, el oficialismo apuesta a cerrar el año con leyes emblemáticas que marquen el rumbo económico, fiscal y laboral del país, en una etapa que promete intensos debates y definiciones de alto impacto político y social.