El Gobierno nacional dio un paso decisivo en su estrategia para avanzar sobre uno de los tribunales más influyentes del país. En las últimas horas, el presidente Javier Milei envió al Senado los pliegos de los magistrados propuestos para cubrir dos lugares en la Cámara Federal porteña, un tribunal de apelaciones que interviene en las principales causas de corrupción, delitos económicos y expedientes de alto impacto político que se tramitan en los juzgados de Comodoro Py.
Los candidatos elegidos por el Poder Ejecutivo son Pablo Yadarola, actual juez en lo Penal Económico, y Pablo Bertuzzi, quien busca consolidar su permanencia en el cargo al que había sido trasladado durante la gestión de Mauricio Macri. Si ambos obtienen el respaldo de la Cámara Alta, integrarán la Sala I de la Cámara Federal junto al juez Mariano Llorens.
La decisión representa una de las apuestas institucionales más importantes del Gobierno desde el inicio de la gestión. En apenas poco más de un mes, el Ejecutivo impulsó la designación de unos 70 jueces en distintos tribunales del país, aunque el objetivo de fortalecer su presencia en la Cámara Federal aparece como el movimiento de mayor peso político, debido a la trascendencia de las causas que llegan a ese tribunal.
La Cámara Federal está dividida en dos salas integradas por tres magistrados cada una. Su función consiste en revisar las resoluciones dictadas por los jueces federales de primera instancia, por lo que sus decisiones pueden modificar el rumbo de investigaciones que involucran a funcionarios, empresarios y dirigentes políticos.
Entre los expedientes que actualmente dependen de ese tribunal figura la causa vinculada al caso conocido como $LIBRA, en la que se investiga una presunta estafa y en la que el propio presidente Milei aparece mencionado. En ese expediente, la Cámara deberá analizar, entre otras cuestiones, la decisión de excluir a las querellas particulares de la investigación, dejando el impulso del proceso exclusivamente en manos del Ministerio Público Fiscal.
La postulación de Bertuzzi también reabre un debate que lleva varios años dentro del Poder Judicial. En 2020, la Corte Suprema había establecido que los traslados de Bertuzzi y de Leopoldo Bruglia hacia la Cámara Federal no eran definitivos y que esos cargos debían cubrirse mediante concursos públicos. No obstante, el máximo tribunal permitió que ambos permanecieran en sus funciones hasta que fueran designados nuevos jueces por el procedimiento constitucional correspondiente.
Durante el concurso realizado para cubrir esas vacantes, ninguno de los dos candidatos propuestos por el Gobierno ocupó los primeros lugares del orden de mérito. Incluso Bertuzzi había quedado bastante relegado inicialmente, aunque posteriormente logró incorporarse a la terna definitiva elaborada por el Consejo de la Magistratura.
En paralelo, el Poder Ejecutivo modificó recientemente el procedimiento para la selección de magistrados mediante un decreto que redujo los plazos administrativos y simplificó algunas instancias de participación ciudadana. Esa medida aceleró el envío de los pliegos al Senado y permitió avanzar con la cobertura de varias vacantes estratégicas dentro del Poder Judicial.
Mientras tanto, otra situación mantiene en expectativa a los tribunales federales. El juez Martín Irurzun, integrante de la Sala II de la Cámara Federal, alcanzará próximamente los 75 años, edad que la Constitución Nacional establece como límite para el ejercicio del cargo, salvo que obtenga un nuevo acuerdo del Senado para continuar hasta los 80 años.
Ante la falta de una definición del Gobierno respecto de su continuidad, Irurzun recurrió a la Justicia para intentar permanecer en funciones, aunque sus planteos fueron rechazados en las instancias iniciales. Ahora busca que la Corte Suprema revise su situación mediante un recurso extraordinario.
La discusión no es menor, ya que una eventual salida de Irurzun abriría una nueva vacante en uno de los tribunales con mayor influencia dentro del sistema judicial argentino. Esa posibilidad ampliaría aún más el margen del Gobierno para impulsar nuevos nombramientos y consolidar una renovación de la Cámara Federal.
Al mismo tiempo, otros magistrados que también se acercan al límite de edad buscan asegurar su continuidad mediante acuerdos legislativos. Algunos ya iniciaron los trámites correspondientes y esperan que sus pliegos sean tratados por el Senado en las próximas semanas.
La estrategia oficial no se limita únicamente a la Cámara Federal. El Ejecutivo también envió propuestas para cubrir vacantes en distintos Tribunales Orales Federales de Comodoro Py, en una señal de que pretende avanzar con una profunda reorganización de los principales órganos judiciales del país.
Con estos movimientos, el Gobierno abre una nueva etapa en la conformación del Poder Judicial. Las próximas decisiones del Senado serán determinantes para definir si la Casa Rosada logra consolidar su proyecto de renovación de los tribunales federales y, al mismo tiempo, influir en el futuro de causas de alto impacto institucional y político que seguirán marcando la agenda nacional durante los próximos meses.