En una jornada cargada de tensión política y social, la ministra Jimena Latorre se presentó este lunes ante el plenario de comisiones para defender el proyecto San Jorge y la ampliación del Distrito Minero Occidental II en Malargüe. Su exposición tuvo lugar en un momento especialmente delicado para el país, atravesado por la incertidumbre económica y el creciente malestar ciudadano frente a las decisiones del Presidente, que han profundizado el clima de inestabilidad en distintas provincias.
Desde el inicio, el debate dejó en evidencia la presión internacional por los llamados “minerales críticos”, recursos altamente demandados por las potencias globales para la transición energética. Esta disputa geopolítica volvió a poner a Mendoza en un punto estratégico del mapa, con la Mesa del Cobre y el Gobierno nacional promoviendo con insistencia la explotación de oro y cobre en la cordillera como una salida económica frente al escenario adverso que vive Argentina.
Sin embargo, el panorama dentro y fuera del recinto mostró una realidad dividida. A la salida de la reunión, grupos ambientalistas esperaban a la funcionaria con fuertes cuestionamientos. Entre gritos y acusaciones, la tildaron de “cipaya”, “vende patria”, “traidora” y “vendida por dos pesos”. Las manifestaciones reflejaron el rechazo de distintos sectores al avance minero y, sobre todo, la preocupación por los potenciales daños ambientales que podría generar el proyecto, especialmente en un contexto donde la protección del agua y los glaciares se ha convertido en un tema sensible y urgente.
La reciente ofensiva presidencial para revisar o flexibilizar la Ley de Glaciares no hizo más que acrecentar el enojo social. Para muchos mendocinos, estas iniciativas son vistas como un intento de habilitar actividades extractivas en zonas de alto valor ecológico, sin garantizar controles estrictos ni salvaguardas ambientales claras.
Mientras tanto, en el ámbito legislativo, el Gobierno provincial insiste en que el desarrollo minero es una oportunidad para generar empleo, inversiones y divisas en un país que atraviesa una situación económica crítica. La ministra Latorre remarcó que el proyecto San Jorge cumple con los requisitos técnicos y normativos, y que su aprobación sería un paso clave para dinamizar la economía regional.
El debate está lejos de cerrarse. Por el contrario, vuelve a encender una discusión profunda sobre el modelo productivo que necesita Argentina en medio de decisiones políticas cuestionadas, tensiones sociales crecientes y una ciudadanía dividida entre la necesidad de desarrollo y la defensa irrestricta del ambiente. Con Mendoza nuevamente en el centro de la escena, el conflicto promete seguir marcando la agenda pública en las próximas semanas.