En las últimas horas, se profundizó una investigación judicial que involucra al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras la ampliación de una denuncia penal que incorpora nuevos elementos sobre su situación patrimonial. La presentación fue impulsada por la diputada Marcela Pagano, quien sostiene que el funcionario habría omitido declarar una propiedad ubicada en un exclusivo country de la provincia de Buenos Aires.
De acuerdo con la información difundida, la ampliación de la denuncia apunta a la presunta existencia de una vivienda de dos plantas dentro del Country Indio Cuá Golf Club, en el partido de Exaltación de la Cruz. Este inmueble, que según diversas fuentes habría sido construido por el propio Adorni junto a su pareja, Bettina Angeletti, no figuraría en las declaraciones juradas patrimoniales presentadas ante la Oficina Anticorrupción.
El caso ya se encuentra radicado en el Juzgado Federal N° 1 bajo una causa que investiga un posible enriquecimiento ilícito. En ese marco, la denunciante aportó nuevos datos que incluyen testimonios y referencias sobre la ubicación y características de la propiedad. Se trata de una casa identificada por su tonalidad gris verdosa, situada en cercanías de uno de los hoyos del campo de golf del country, un emprendimiento residencial de alto nivel.
Uno de los puntos que genera mayor controversia es que, según la documentación presentada, las expensas correspondientes al lote donde se ubicaría la vivienda habrían comenzado a figurar a nombre de Angeletti. Este detalle podría indicar un vínculo patrimonial o de posesión que tampoco habría sido informado ante los organismos de control.
En cuanto a la declaración jurada más reciente del funcionario, correspondiente al ejercicio 2024, se consignan únicamente dos inmuebles: un departamento en la Ciudad de Buenos Aires, del cual posee el 50%, y otro en La Plata, de su propiedad total. No se registran bienes en countries ni en la localidad de Exaltación de la Cruz, lo que alimenta las sospechas planteadas en la denuncia.
Además, el escrito judicial pone en duda la coherencia entre los ingresos declarados por el funcionario y ciertos gastos atribuidos, como viajes internacionales de alto costo y movimientos financieros que, según la presentación, resultarían difíciles de justificar. También se señala que sus ahorros en moneda extranjera se habrían mantenido sin variaciones durante un período prolongado, pese a estos supuestos egresos.
A raíz de estos elementos, se solicitaron diversas medidas de prueba, entre ellas requerimientos a organismos públicos, entidades financieras y registros inmobiliarios, así como inspecciones en el lugar, testimonios de vecinos y posibles medidas cautelares sobre los bienes del funcionario y su entorno.
Cabe recordar que esta no es la primera acusación en su contra. La causa ya había sido iniciada previamente por la misma legisladora, quien también advirtió sobre la falta de presentación de una declaración jurada correspondiente a un período reciente, lo que podría constituir una infracción a la normativa vigente en materia de ética pública.
La investigación avanza ahora con nuevos interrogantes y pone en el centro del debate la transparencia en el ejercicio de la función pública, un tema que continúa generando atención y expectativa en la opinión pública.
