La investigación por presuntas maniobras de corrupción dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad sumó en las últimas horas un elemento que podría profundizar aún más la situación judicial de Diego Spagnuolo, ex titular del organismo y ex abogado personal de Javier Milei. Esta vez, las pruebas no surgieron únicamente de la Justicia, sino de una auditoría interna impulsada por el propio Gobierno nacional a través del Ministerio de Salud.
El informe detectó graves irregularidades en más de 800 expedientes vinculados a compras de ortopedias, implantes y sillas de ruedas. Según la documentación incorporada al expediente judicial, existía un mecanismo de direccionamiento de licitaciones hacia empresas específicas que luego facturaban productos con valores muy por encima de los precios de mercado. La maniobra habría permitido repartir millonarias ganancias entre empresarios, intermediarios y funcionarios.
Entre las firmas señaladas aparecen Ortopedia Bernat S.R.L., Farma Salud S.R.L., Artrobone Ortopedia S.A., Cirugía y Ortopedia Imnova S.A., Bymax Medical y Expo Trauma. La auditoría sostiene que varias de estas compañías compartían domicilios, vínculos familiares y estructuras societarias, simulando competencia para justificar adjudicaciones previamente acordadas.
Uno de los casos más impactantes involucra a la empresa Expo Trauma. Allí se detectó la compra de sillas de ruedas con sobreprecios de hasta un 1800 por ciento. Según el informe, el Estado habría pagado cerca de 18 millones de pesos por unidades cuyo valor comercial rondaba apenas los 950 mil pesos. Solo en ocho sillas, el desembolso total habría alcanzado los 134 millones de pesos, cuando el costo real estimado era mucho menor.
La auditoría también reveló conexiones empresariales llamativas. Expo Trauma compartía domicilio fiscal con otras firmas investigadas en un edificio de la Ciudad de Buenos Aires donde, según consta en el expediente, funcionaría un lavadero de autos. Además, algunos directivos de las empresas tendrían relaciones familiares entre sí y vínculos previos con funcionarios de la propia Andis.
La causa está en manos del fiscal Franco Piccardi y del juez Ariel Lijo, quienes continúan avanzando con indagatorias a los 19 procesados. Entre ellos se encuentran Spagnuolo y Daniel Garbellini, señalado como uno de los principales operadores dentro del esquema.
En paralelo, la defensa de Spagnuolo insiste en desacreditar las pruebas argumentando que algunos audios que lo comprometen habrían sido generados con inteligencia artificial. Sin embargo, la aparición del informe oficial debilitó esa estrategia y aportó nuevos elementos que fortalecen la investigación.
Los números del presunto fraude son impactantes. Según la auditoría, el Estado habría desembolsado alrededor de 180 mil millones de pesos en contrataciones bajo sospecha. Algunos casos muestran diferencias exorbitantes entre los valores adjudicados y los precios de referencia del mercado, incluyendo prótesis y válvulas médicas con incrementos que superaban el 4000 por ciento.
Mientras la Justicia profundiza las investigaciones, el escándalo también expone tensiones internas dentro del Gobierno nacional, que decidió intervenir el organismo y avanzar con cambios estructurales en el área de discapacidad en medio de un escenario político cada vez más sensible.
