La investigación por el intento de asesinato de la abogada Nadia Beller sumó un nuevo y relevante capítulo en Bolivia. La Fiscalía de Santa Cruz de la Sierra ordenó la aprehensión de María Argentina Rojas Roca, una exfuncionaria de la Aduana a quien se señala como presunta responsable de haber mantenido contactos y realizado pagos a los hombres acusados de ejecutar el ataque contra la abogada.

La medida fue dispuesta por la fiscal Yolanda Aguilera y encuadra la acusación contra Rojas Roca en el delito de asesinato en grado de tentativa. De acuerdo con los elementos incorporados al expediente, la mujer habría participado en reuniones, coordinaciones y transferencias de dinero destinadas a los presuntos sicarios que planificaron y llevaron adelante el ataque.

La situación de Rojas Roca adquiere mayor relevancia por su reciente paso por la Aduana boliviana. La mujer había sido designada el 28 de abril como responsable de la Aduana del aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra. Sin embargo, su nombramiento generó cuestionamientos debido a que contaba con un antecedente judicial en Brasil. Allí había sido detenida y posteriormente expulsada en enero de 2021 tras ser condenada por una causa vinculada al tráfico de estupefacientes.

A este escenario se suma el nombre de Alberto Soto, quien había quedado al frente de la Aduana y es señalado como una persona cercana a Rojas Roca. Soto fue desplazado de su cargo el 18 de agosto, apenas un día después del ataque contra Beller. La investigación también busca determinar qué vínculos existían entre estos funcionarios y Fernando Cerimedo, un asesor político argentino que actualmente se encuentra detenido en Bolivia.

El caso cobró especial dimensión luego de que las autoridades avanzaran sobre la estructura que habría participado del ataque. Dos ciudadanos colombianos, identificados como Aldúbar Henry Silva Peña, conocido como “Juancho”, y Widen Justiniano Sotelo, fueron señalados como los presuntos sicarios. Ambos permanecen prófugos, mientras otras personas quedaron detenidas por su presunta colaboración.

Uno de los principales elementos que permitió avanzar en la investigación fue una motocicleta utilizada durante el operativo. El vehículo había sido prestado y posteriormente trasladado a un taller, donde fue pintado de otro color para intentar ocultar su procedencia. También se investigó el origen de un arma que habría sido facilitada a uno de los sospechosos.

La Justicia todavía no explicó públicamente qué evidencia concreta permitió establecer el vínculo entre Rojas Roca y los presuntos sicarios. Sin embargo, la orden de aprehensión representa un avance significativo para determinar quiénes habrían financiado, coordinado y ejecutado el ataque contra Beller.

En paralelo, Cerimedo enfrenta otra investigación en Bolivia por presunto enriquecimiento ilícito. En ese expediente se investigan importantes movimientos de dinero y la presunta existencia de vínculos comerciales y políticos con integrantes del poder boliviano.

Mientras la defensa de Cerimedo sostiene que las acusaciones forman parte de una maniobra política en su contra, la investigación por el ataque a Beller continúa avanzando por una vía judicial propia. Las autoridades deberán ahora establecer el verdadero alcance de la participación de Rojas Roca y determinar si detrás del ataque existió una estructura organizada con financiamiento y conexiones dentro de sectores vinculados al poder.

La aprehensión de la exfuncionaria abre así una nueva etapa en una causa que combina violencia, presuntos negocios ilícitos y fuertes conexiones políticas, mientras todavía permanecen prófugos los principales acusados de haber ejecutado el ataque.