Las recientes declaraciones del presidente Javier Milei contra trabajadores de prensa encendieron nuevas alarmas sobre la situación de la libertad de expresión en Argentina. Amnistía Internacional y el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) anunciaron que impulsarán presentaciones ante organismos internacionales, entre ellos las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para denunciar lo que consideran una escalada de hostilidad presidencial contra el periodismo.

La controversia se desató durante la cena anual de la Fundación Faro, una organización vinculada con las ideas libertarias, donde el mandatario apuntó contra periodistas que investigaron y cubrieron la causa relacionada con la criptomoneda $LIBRA. Frente a un auditorio integrado por empresarios y referentes afines al Gobierno, Milei calificó a distintos trabajadores de prensa como “ensobrados, corruptos, mercenarios de la mentira y fabricantes seriales de operaciones”.

Sin embargo, una de las expresiones que generó mayor preocupación fue cuando afirmó que quienes consideraba responsables de esas supuestas operaciones “se tienen que quemar en la hoguera”. Las palabras del Presidente provocaron el rechazo de organizaciones periodísticas, entidades de derechos humanos y sindicatos de prensa, que advirtieron sobre las consecuencias que este tipo de mensajes puede tener en el ejercicio de la profesión.

Desde Amnistía Internacional Argentina, su directora ejecutiva, Mariela Belski, expresó preocupación por el hecho de que las agresiones provengan de la máxima autoridad del país. Según señaló, el Presidente tiene una responsabilidad especial en la protección de la libertad de expresión y debe garantizar condiciones para que la prensa pueda ejercer su tarea sin intimidaciones.

La organización considera que los dichos no constituyen un episodio aislado, sino que se inscriben en una sucesión de ataques, descalificaciones y situaciones de hostigamiento contra periodistas. Por ese motivo, prepara documentación para presentar ante la ONU y la CIDH, además de recurrir al relator especial de Naciones Unidas sobre libertad de expresión, con el objetivo de que los organismos internacionales evalúen la situación argentina y requieran explicaciones al Estado.

Uno de los puntos centrales de la denuncia es la obligación de los gobiernos de prevenir la violencia contra trabajadores de prensa, evitar discursos que incrementen los riesgos para su seguridad y reconocer la legitimidad del periodismo, incluso cuando sus investigaciones resulten incómodas para el poder político.

Los datos del monitoreo de libertad de expresión de FOPEA también reflejan la dimensión del problema. Durante el año pasado se registraron 278 ataques contra periodistas, un incremento del 55 por ciento respecto de 2024 y la cifra más elevada desde que comenzó el relevamiento, en 2008. El informe identificó al propio Milei como responsable de 119 de esos episodios, por lo que lo señaló como el principal agresor individual.

Entre los hechos documentados se contabilizaron discursos estigmatizantes, demandas judiciales contra periodistas y restricciones al acceso a la información pública. Para las organizaciones, estos antecedentes evidencian un deterioro de las condiciones necesarias para desarrollar la actividad periodística.

FOPEA también cuestionó que los ataques se produjeran después de que la Justicia sobreseyera al Presidente y a su hermana, Karina Milei, en la causa vinculada con $LIBRA. La entidad recordó que una resolución judicial de ese tipo no convierte automáticamente en falsa la cobertura periodística de una investigación. Informar sobre posibles irregularidades que involucran a funcionarios públicos constituye, según sostuvo, una actividad legítima y de evidente interés público.

El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) calificó las expresiones presidenciales como un límite gravísimo y reclamó una reacción de los sectores políticos y mediáticos. Además, advirtió sobre el riesgo de que este tipo de discursos estimule nuevas agresiones contra quienes trabajan en los medios de comunicación.

Por su parte, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) alertó sobre el retroceso de Argentina en los indicadores internacionales de libertad de prensa. Según los datos citados por la organización, el país pasó del puesto 40 en 2023 al puesto 98 en una clasificación mundial elaborada por Reporteros Sin Fronteras.

La preocupación internacional no es nueva. En noviembre de 2025, organizaciones de derechos humanos, sindicatos y entidades periodísticas participaron de una audiencia ante la CIDH para denunciar el aumento de la violencia digital, el hostigamiento judicial y las agresiones durante la cobertura de manifestaciones. En aquella oportunidad, la Comisión solicitó información sobre las medidas de prevención y protección destinadas a los trabajadores de prensa.

Las organizaciones advierten que la reiteración de ataques puede generar un efecto de silenciamiento que va más allá de los periodistas directamente afectados. El temor a las represalias puede desalentar investigaciones, fomentar la autocensura y limitar el acceso de la sociedad a información relevante.

En una democracia, el periodismo cumple una función esencial: investigar, preguntar, cuestionar y controlar el ejercicio del poder. Por eso, el conflicto abierto por las declaraciones presidenciales vuelve a instalar un debate central sobre los límites del discurso político y la responsabilidad de quienes ocupan los cargos más altos del Estado.

Mientras Amnistía Internacional y FOPEA avanzan con sus presentaciones internacionales, el reclamo de las entidades apunta a una garantía fundamental: que los periodistas puedan desarrollar su trabajo sin amenazas ni intimidaciones y que las diferencias con el Gobierno se resuelvan mediante argumentos, transparencia y respeto por la libertad de expresión.