En un escenario cada vez más complejo, el jefe de Gabinete Manuel Adorni quedó en el centro de la atención pública tras modificar, fuera de plazo, su declaración jurada de bienes correspondiente al año 2024. La rectificación incluyó la incorporación de un inmueble que no había sido declarado en su presentación original: una vivienda adquirida a nombre de su esposa, Bettina Angeletti, en un country privado.
El cambio se produjo en un contexto sensible, ya que la omisión había sido detectada en medio de una investigación judicial que analiza la evolución patrimonial del funcionario. La propiedad en cuestión había sido adquirida en noviembre de 2024, por lo que debía figurar en el anexo reservado de la declaración, donde se consignan los bienes del cónyuge. Sin embargo, ese apartado no fue presentado en su momento.
Con el avance de la causa, la información fue finalmente incorporada y remitida a la justicia a través de la Oficina Anticorrupción, en el marco de un requerimiento del fiscal interviniente. La investigación apunta a determinar si existieron inconsistencias en la declaración de bienes y si el crecimiento patrimonial del funcionario puede ser debidamente justificado.
En paralelo, surgieron detalles sobre la operatoria de compra del inmueble. Según consta en los registros, parte de la adquisición habría sido financiada mediante un préstamo privado otorgado por dos particulares, quienes declararon haber entregado una suma en dólares con un interés anual. De acuerdo a sus testimonios, aún resta cancelar una porción significativa de esa deuda.
El caso no se limita a esa propiedad. También se encuentra bajo análisis la compra de un departamento en la Ciudad de Buenos Aires, cuya modalidad de pago llamó la atención de los investigadores. La operación se habría realizado con un anticipo considerablemente bajo respecto del valor total, dejando un saldo importante a pagar en el futuro y sin intereses, una práctica poco habitual en el mercado inmobiliario.
Desde el punto de vista legal, los funcionarios públicos tienen la obligación de presentar declaraciones juradas completas y veraces, incluyendo bienes propios y de su grupo familiar. La omisión de información puede derivar en sanciones administrativas e incluso en consecuencias penales si se comprueba que fue intencional. En ese marco, la figura de “omisión maliciosa” aparece como una posible derivación si no se logra justificar adecuadamente la falta inicial.
La investigación también pone el foco en el nivel de gastos del funcionario, incluyendo viajes, propiedades y otros movimientos financieros. El objetivo es establecer si existe correspondencia entre los ingresos declarados y el estilo de vida evidenciado en los últimos meses.
Mientras tanto, el expediente continúa avanzando con la declaración de testigos clave, entre ellos las personas involucradas en las operaciones inmobiliarias. Sus testimonios podrían aportar elementos determinantes para esclarecer las condiciones en las que se realizaron las transacciones.
Así, el caso suma capítulos en un clima de creciente atención pública, donde la transparencia en la función pública vuelve a colocarse en el centro del debate.