El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quedó en el centro de una fuerte controversia luego de conocerse una serie de contrataciones que, según sectores críticos, contradicen el discurso oficial de reducción del gasto público. En medio de tensiones internas por el tratamiento de la reforma laboral, salieron a la luz documentos que revelan el alquiler de oficinas en pleno centro porteño por cifras millonarias, así como la adjudicación directa de un contrato a una entidad vinculada a su entorno familiar.
De acuerdo con la documentación difundida, el ministerio que encabeza Sturzenegger alquiló cuatro pisos y 24 cocheras en un edificio ubicado sobre la Avenida Presidente Roque Sáenz Peña 788, en la zona de Diagonal Norte. El monto total del contrato asciende a 720 millones de pesos, a lo que se suman expensas y servicios como electricidad, gas e internet, todos afrontados con fondos públicos. El alquiler mensual por piso ronda los 15 millones de pesos.
La decisión generó cuestionamientos porque se produce en paralelo a la política oficial que promueve el programa denominado “Alquiler Cero”, impulsado por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), orientado a reducir los gastos en locaciones para dependencias nacionales. Desde el organismo se argumentó que no existían inmuebles estatales con las características técnicas requeridas para la cartera de Desregulación, lo que habría justificado la contratación.
A este episodio se suma la adjudicación directa de un contrato por parte de la Cancillería a una asociación que dirige la esposa del ministro. La contratación, realizada sin licitación pública, fue defendida por el Gobierno bajo el argumento de que se trataba de la única institución capaz de brindar determinados cursos de inglés. Sin embargo, la explicación despertó críticas debido a la amplia oferta académica existente en la Ciudad de Buenos Aires.
En el plano político, las declaraciones del ministro sobre el régimen de licencias médicas —en el marco de la reforma laboral que impulsa el presidente Javier Milei— también generaron malestar interno. Según trascendió, algunos sectores del oficialismo consideraron que sus intervenciones públicas complejizaron las negociaciones con bloques aliados en el Congreso.
Hasta el momento, Sturzenegger no realizó declaraciones públicas para responder a los cuestionamientos. En sus redes sociales, donde suele mantener una intensa actividad, no se refirió a la polémica. Mientras tanto, el debate continúa creciendo y se instala con fuerza en la agenda política, en un contexto donde el Gobierno sostiene un discurso de austeridad y ajuste del gasto estatal.
La controversia abre interrogantes sobre la coherencia entre las políticas anunciadas y las decisiones administrativas adoptadas, en momentos en que cada movimiento del Ejecutivo es observado con atención tanto por la oposición como por sus propios aliados.