La decisión del Banco Central de la República Argentina de cerrar de manera definitiva su Tesoro Regional en la provincia de La Rioja encendió señales de alerta tanto en el ámbito financiero como en sectores gubernamentales locales. La medida, que forma parte de un plan de reorganización a nivel nacional, genera incertidumbre por sus posibles consecuencias operativas y laborales.
Hasta ahora, la dependencia cumplía un rol clave en la distribución y administración de efectivo, trabajando en estrecha articulación con el Banco Rioja y otras entidades financieras. Su funcionamiento resultaba fundamental para garantizar el abastecimiento de dinero en cajeros automáticos y el manejo de caudales en la región.
Con el cierre, estas tareas deberán trasladarse a centros operativos ubicados en otras provincias, como Córdoba o Tucumán. Esta modificación implicará mayores costos logísticos y tiempos de respuesta más extensos, tanto para el banco estatal provincial como para entidades privadas que operan en el territorio.
En el plano laboral, la sede contaba con cuatro empleados que fueron notificados a fines de abril. Sin embargo, hasta el momento no se han brindado detalles oficiales sobre su futuro, lo que suma incertidumbre al panorama.
La medida generó el rechazo del sindicato La Bancaria, que llevó adelante protestas y jornadas de paro en las dependencias afectadas, aunque sin interrumpir la atención al público en los bancos.
El cierre se enmarca dentro de la política impulsada por el gobierno de Javier Milei, orientada a reducir la estructura del Banco Central y avanzar hacia una menor dependencia del uso de efectivo. En total, se prevé el cierre de 12 tesorerías regionales en distintas provincias del país.
Desde diversos sectores advierten que esta decisión podría afectar la operatoria financiera en el interior, especialmente en zonas donde estas dependencias resultan esenciales para sostener el funcionamiento cotidiano del sistema bancario.