La provincia de Buenos Aires dio un paso decisivo en su planificación económica para el próximo año. En una sesión cargada de expectativas, el Senado bonaerense aprobó el Presupuesto 2026 junto con la Ley Fiscal Impositiva, aunque dejó en suspenso el capítulo más sensible: el endeudamiento. Esa falta de consenso obligó a proponer un cuarto intermedio hasta el viernes por la mañana, una señal de que las negociaciones políticas aún siguen abiertas y que la discusión promete continuidad.
El Presupuesto sancionado, catalogado como la “ley de leyes”, contempla una inversión total superior a los 43 billones de pesos. La propuesta del gobernador Axel Kicillof mantiene como ejes centrales el fortalecimiento del gasto social, la expansión de la infraestructura y la sostenibilidad fiscal. El Gobierno provincial sostiene que estas partidas resultan cruciales para proteger a los sectores más vulnerables y sostener el ritmo de obras que apuntalan el desarrollo productivo.
Dentro del detalle de asignaciones, se destacan áreas como Promoción y Asistencia Social y Salud, ambas con recursos estimados en 1,7 billones de pesos, además de Seguridad, que contará con 1,4 billones para fortalecer equipamiento, logística y servicios esenciales. Con esta aprobación, la administración provincial vuelve a operar con un presupuesto vigente, luego de haber prorrogado el del año 2024 ante la falta de acuerdos previos.
En materia de obra pública, el Ejecutivo ratificó su decisión de continuar con programas estratégicos. Entre ellos, el plan Escuelas a la Obra, la reurbanización de barrios populares, el mantenimiento de rutas y caminos rurales, la pavimentación de corredores productivos y la continuidad de los planes hídricos en el Gran La Plata y en la zona Bahía Blanca–Coronel Rosales. También se prevé la construcción de plantas potabilizadoras, acueductos, desagües pluviales y redes cloacales, obras consideradas esenciales para mejorar la calidad de vida y acompañar el crecimiento demográfico.
Uno de los puntos políticamente más relevantes es la creación del Fondo de Recupero de Deudas del Estado Nacional, un mecanismo mediante el cual la provincia buscará reclamar recursos que considera adeudados por el gobierno federal. Esta incorporación generó debate y promete convertirse en un nuevo eje de tensión entre jurisdicciones.
Por su parte, la Ley Fiscal trae modificaciones significativas. Una de las más discutidas es la aplicación de una alícuota del 9% de Ingresos Brutos sobre los rendimientos que obtengan los bancos por la compra de títulos del Estado nacional. Esta medida no alcanzará a los bonos provinciales o municipales ni a obligaciones negociables privadas. Sin embargo, entidades financieras y sectores opositores advierten que podría encarecer el crédito y aumentar la carga tributaria para el sistema bancario en territorio bonaerense a partir de 2026.
En lo que respecta a los contribuyentes, se proyectan algunos alivios. El impuesto automotor prevé una rebaja nominal de las patentes para el 75% del padrón, equivalente a unos 1,5 millones de vehículos. Además, en el caso del Impuesto Inmobiliario, se eliminan las cuotas adicionales para la totalidad de los propietarios y se estima una reducción real del tributo gracias a actualizaciones nominales más moderadas.
En un clima político que sigue tensionado por la cuestión del endeudamiento, la aprobación del Presupuesto 2026 marca un avance decisivo para la administración bonaerense, pero también abre un nuevo capítulo de negociaciones que será clave para determinar el alcance real de este plan económico.