Una movilización reunió este martes a organizaciones sociales, gremiales, comunidades originarias y excombatientes frente al Palacio de Justicia, en la ciudad de Buenos Aires, para expresar su rechazo a un reciente fallo de la Corte Suprema relacionado con la Ley de Tierras Rurales y la posibilidad de adquisición de propiedades por parte de extranjeros.
La concentración estuvo marcada por consignas críticas hacia los integrantes del máximo tribunal y por reclamos vinculados con la defensa de la soberanía territorial. Entre carteles, banderas y pancartas, los manifestantes cuestionaron la decisión de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, que consideraron que el Centro de Excombatientes de las Islas Malvinas de La Plata, conocido como CECIM, no contaba con legitimidad para impulsar una acción judicial contra la derogación de determinadas restricciones establecidas por la legislación sobre tierras.
La protesta tuvo como escenario las inmediaciones de Tribunales y estuvo acompañada por expresiones de fuerte contenido simbólico. Algunas consignas plantearon que la Justicia debe garantizar herramientas efectivas para proteger los derechos colectivos y reclamaron que la Cámara de Diputados rechace el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023.
La presencia del CECIM tuvo un significado particular. La organización había promovido un amparo que había logrado frenar la aplicación de un artículo del decreto firmado por el presidente Javier Milei a fines de 2023. Ese artículo modificaba el régimen relacionado con la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
Durante el acto, representantes de los excombatientes sostuvieron que el fallo representa una contradicción con la defensa de la soberanía nacional. El reclamo estuvo atravesado por la memoria de los soldados argentinos que participaron de la guerra de Malvinas y por la preocupación ante las consecuencias que, según los manifestantes, podría generar una mayor apertura para la adquisición de tierras por capitales extranjeros.
La movilización también incorporó la perspectiva de comunidades indígenas y organizaciones vinculadas con la defensa del territorio. Luis Rodríguez, integrante de una comunidad multiétnica de La Matanza y descendiente de pueblos originarios, expresó su preocupación por el impacto que podría tener la transformación de la tierra en una mercancía y advirtió sobre el riesgo de desplazamiento de comunidades que mantienen una relación histórica con esos territorios.
Desde esa mirada, el reclamo no se limita a la propiedad de la tierra. También incluye la protección de recursos naturales, el acceso al agua, la preservación ambiental y la continuidad cultural de comunidades originarias.
La protesta contó además con la participación de Adolfo Pérez Esquivel, quien cuestionó la decisión judicial y llamó a sostener la movilización frente a lo que consideró un avance sobre derechos colectivos.
Entre los manifestantes también se escucharon críticas al funcionamiento de las instituciones y al papel de la Corte Suprema. Abogados, jubilados, organizaciones sociales y ciudadanos que participaron de la concentración expresaron su desacuerdo con la decisión y reclamaron que se analice de fondo la constitucionalidad de las medidas impulsadas por el Poder Ejecutivo.
El fallo generó así una discusión que trasciende el ámbito estrictamente judicial. Para sus críticos, está en juego la posibilidad de preservar determinados límites sobre la propiedad de tierras rurales y los recursos estratégicos del país. Para quienes defienden la decisión, el eje se encuentra en las condiciones de legitimidad y representación necesarias para promover determinadas acciones judiciales.
Mientras el debate continúa en los tribunales y en el Congreso, la movilización dejó expuesta una preocupación que atraviesa distintos sectores de la sociedad: cómo equilibrar el derecho a la propiedad, las inversiones y las decisiones económicas con la protección del territorio, los recursos naturales, la soberanía y los derechos de las comunidades que habitan esas tierras.