El Gobierno nacional avanzó con una decisión que reconfigura de manera profunda el funcionamiento del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, conocido como INTI, al retirarle atribuciones clave vinculadas a la verificación y certificación de numerosos instrumentos de medición utilizados en la vida productiva y comercial del país. La medida quedó formalizada a través de una resolución oficial que establece la transferencia de esas funciones a laboratorios privados y organismos de certificación que cuenten con acreditación oficial.
Desde el Ejecutivo se argumenta que la iniciativa responde a la detección de demoras administrativas y a la necesidad de agilizar los trámites vinculados a los procesos productivos. Bajo esta lógica, el objetivo declarado es simplificar procedimientos, reducir tiempos y costos, y eliminar lo que consideran cuellos de botella en el sistema actual.
Sin embargo, la decisión generó un fuerte rechazo en amplios sectores de la comunidad científica, técnica y sindical. Especialistas advierten que la Argentina es uno de los pocos países de la región que cuenta con un sistema estatal sólido en materia de metrología, una condición clave para garantizar estándares de calidad, facilitar la inserción internacional y validar tanto la producción nacional como los bienes importados. En ese sentido, remarcan que los países con economías desarrolladas mantienen estructuras estatales robustas en este campo estratégico.
La resolución detalla una extensa lista de instrumentos sobre los cuales el INTI dejará de prestar servicios de ensayo y certificación. Entre ellos se incluyen balanzas no automáticas, medidores de agua potable, termómetros clínicos de distintos tipos, medidores de energía eléctrica, alcoholímetros, cinemómetros, probetas, vasos graduados y surtidores de combustibles, entre otros dispositivos fundamentales para el comercio, la salud, la seguridad vial y la industria.
El cronograma de implementación establece que el cese de estas funciones en el Área Metropolitana de Buenos Aires se concretará a fines de enero de 2026, mientras que en el resto del país se aplicará de manera gradual entre abril y junio del mismo año.
Desde distintos espacios políticos se advierte que esta política forma parte de un proceso más amplio de reducción del Estado en áreas sensibles. Señalan que, en etapas previas, ya se habían incrementado de manera significativa los aranceles del organismo y recortado funciones técnicas clave, lo que ahora se profundiza con la eliminación de programas que representan una parte sustancial de su facturación y de su capacidad operativa.
A nivel gremial, se alerta sobre el impacto directo en el empleo y en las capacidades técnicas acumuladas durante décadas. Sostienen que la metrología es esencial para proteger a los ciudadanos frente a posibles fraudes, garantizar transacciones comerciales justas y evitar prácticas de competencia desleal. Además, subrayan que el INTI es elegido mayoritariamente por el propio sector privado por su escala, su calidad técnica y su reconocimiento.
En este contexto, el ajuste presupuestario previsto para los próximos años y la reducción de personal ya registrada profundizan las preocupaciones sobre el futuro del organismo. Para muchos actores del sistema científico-tecnológico, lo que está en juego no es solo una reestructuración administrativa, sino la preservación de una infraestructura estratégica para el desarrollo productivo y la soberanía tecnológica del país.
