La coyuntura que atraviesa América Latina vuelve a colocar a los recursos naturales en el corazón de las tensiones geopolíticas. La región, históricamente vinculada a los grandes centros de poder mundial a partir de la provisión de materias primas, se ve nuevamente envuelta en un escenario de disputas donde el petróleo, la minería y otros bienes estratégicos definen alianzas, conflictos y presiones externas. En ese marco, los acontecimientos recientes en torno a Venezuela reactivaron un debate profundo sobre soberanía, dependencia y modelos de desarrollo.
Durante gran parte del siglo XX, la economía venezolana se estructuró en torno a la exportación de petróleo hacia Estados Unidos. Esa relación, comparable a la dependencia agroexportadora argentina con el Reino Unido en el siglo XIX, marcó el rumbo del país caribeño durante décadas. Aun con la nacionalización del sector y la creación de la empresa estatal PDVSA en los años setenta, la centralidad del mercado estadounidense se mantuvo. Incluso en los años de mayor protagonismo del chavismo, más del 90% del crudo venezolano tenía como destino ese país, lo que evidenciaba una dependencia estructural difícil de revertir.
Los intentos por diversificar mercados, mediante acuerdos regionales y vínculos con potencias emergentes como China, no alcanzaron para modificar de fondo esa matriz. Sin embargo, el escenario comenzó a cambiar con la caída de los precios internacionales de los commodities, la enfermedad y posterior fallecimiento de Hugo Chávez y la llegada de Nicolás Maduro al poder. A partir de entonces, la economía venezolana ingresó en una espiral de deterioro que tuvo efectos no solo internos, sino también regionales, afectando relaciones comerciales y políticas con países vecinos y aliados.
El endurecimiento de la política exterior estadounidense, que incluyó sanciones y un bloqueo económico cada vez más severo desde mediados de la década pasada, fue un factor decisivo en ese proceso. Esa ofensiva profundizó la crisis económica y social, debilitó el respaldo popular al gobierno venezolano y derivó en un clima de fuerte confrontación política. No obstante, nada de ello justifica una intervención externa, ya que los conflictos internos de un país solo pueden resolverse de manera soberana, sin imposiciones foráneas.
En paralelo, se consolidó un nuevo actor central en la región: China. Desde comienzos de la década de 2010, el gigante asiático incrementó sus inversiones en América Latina, especialmente en sectores vinculados a recursos naturales e infraestructura. Ese fenómeno, similar al ocurrido previamente en África, permitió a muchos países sostener el ingreso de divisas en un contexto de precios internacionales desfavorables. Para Estados Unidos, este avance representa un desafío directo a su histórica influencia hemisférica.
La estrategia estadounidense parece orientarse más al control que al desarrollo. Con una marcada superioridad militar, pero sin un proyecto productivo claro para la región, busca limitar la presencia de otros actores sin ofrecer alternativas concretas de inversión. Este escenario reaviva conceptos clásicos de la teoría de la dependencia, donde el dominio no se ejerce solo sobre los recursos, sino sobre las cadenas de valor, el comercio, la logística y los precios internacionales.
Frente a este panorama, los gobiernos latinoamericanos enfrentan un desafío complejo. Lejos de optar por alineamientos automáticos, la oportunidad radica en aprovechar las tensiones globales para ampliar los márgenes de autonomía y reforzar la soberanía. El control nacional de los recursos naturales, especialmente a través de empresas públicas fuertes y estratégicas, aparece como una herramienta clave para avanzar en ese sentido. En un mundo en disputa, la capacidad de decidir sobre los propios bienes sigue siendo una de las bases fundamentales del poder real.
