La tensión política sumó un nuevo capítulo en las últimas horas, esta vez en el terreno judicial. El juez federal Sebastián Casanello avanza en una investigación para determinar si existe un ataque coordinado contra la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien desde el año pasado viene denunciando una campaña sistemática de hostigamiento en redes sociales. Según sostiene, un grupo de usuarios identificados con el oficialismo no solo la agrede públicamente, sino que incluso habría llegado a proferir amenazas de muerte.
Entre las personas señaladas por la titular del Senado aparecen nombres de peso dentro del espacio libertario, como Nicolás Márquez —biógrafo del Presidente— y la diputada nacional Lilia Lemoine, reconocida por su rol activo en la comunicación política del entorno presidencial. La controversia se reavivó el viernes pasado, cuando Villarruel compartió en la red social X un mensaje que advertía sobre la gravedad de naturalizar amenazas contra su figura institucional, mencionando además a la actual conducción del Ministerio de Seguridad.
El conflicto no es nuevo y se inscribe en una interna cada vez más visible entre la Casa Rosada y el Senado. Ya en agosto del año pasado, Villarruel había presentado una denuncia formal alertando sobre publicaciones que, según su interpretación, atentaban contra el orden constitucional y buscaban forzar su renuncia. El trasfondo político se volvió más evidente luego de que el Presidente la calificara públicamente de “bruta traidora” durante un acto partidario en Córdoba.
En su presentación judicial, la vicepresidenta incluyó distintos tipos de mensajes: algunos que podrían encuadrarse como amenazas directas, otros que podrían constituir calumnias o injurias —delitos de acción privada— y un tercer grupo que, si bien no configuraría delito, resultaría igualmente repudiable. Incluso se planteó la posibilidad de que los hechos encuadren como violencia por razones de género en el ámbito digital y político.
Si bien el Ministerio Público había considerado que no existían elementos suficientes para impulsar la acción penal en varios de los casos, el juez Casanello resolvió aceptar a Villarruel como querellante y reasumir la investigación. Ordenó a la División de Ciberpatrullaje de la Policía Federal analizar los mensajes y las posibles interacciones entre los usuarios denunciados, con el objetivo de determinar si hubo coordinación en los ataques.
El magistrado sostuvo que, por la naturaleza de los hechos y la investidura de la denunciante, corresponde un abordaje integral y no fragmentado de los mensajes. La investigación buscará establecer si se trata de episodios aislados o de una estrategia articulada. En un escenario político ya marcado por fuertes disputas internas, el avance de esta causa podría tener repercusiones tanto judiciales como institucionales, en una trama donde redes sociales, poder y acusaciones cruzadas se entrelazan a diario.
