El Gobierno nacional oficializó la reglamentación de un tramo clave de la reforma laboral, al poner en vigencia un esquema que permite a los empleadores reducir los aportes patronales para nuevas contrataciones. La medida quedó establecida mediante el decreto 315/2026, que introduce el denominado Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), contemplado dentro de la ley 27.802.
La iniciativa apunta, según el Ejecutivo, a fomentar la generación de empleo registrado, especialmente entre sectores que actualmente se encuentran fuera del sistema formal. Sin embargo, su implementación abre un debate profundo sobre el impacto real que podría tener en los derechos laborales y en el sistema de seguridad social.
El RIFL establece que, durante un período de hasta cuatro años, las empresas podrán incorporar trabajadores sin abonar la totalidad de las contribuciones patronales habituales. Este beneficio está dirigido a personas que no hayan tenido empleo registrado hasta diciembre de 2025, quienes hayan estado desocupados en los seis meses previos, monotributistas y también ex empleados del sector público.
Como contrapartida, estos trabajadores accederían a una cobertura reducida en materia de seguridad social. Esto incluye menores aportes jubilatorios, recortes en asignaciones familiares, cobertura limitada en obras sociales y una disminución en los fondos destinados al seguro de desempleo. En este sentido, la medida plantea interrogantes sobre la calidad del empleo que se busca promover.
El decreto, firmado por el presidente Javier Milei junto a miembros de su gabinete, también define que las contribuciones que sí se realicen tendrán alícuotas reducidas del 2% y 3%, destinadas a organismos como el sistema previsional y el instituto de jubilados.
La reglamentación fue posible tras un proceso judicial que reconfiguró el escenario legal en torno a la norma, habilitando su aplicación. Mientras desde el Gobierno sostienen que se trata de una herramienta para dinamizar el empleo, distintos sectores advierten sobre el riesgo de precarización laboral y el debilitamiento del sistema solidario.
De este modo, la medida se instala en el centro del debate público, en un contexto donde el desafío de generar empleo convive con la necesidad de garantizar derechos y condiciones laborales dignas.
