La imagen de un cabo armado, encadenado a las rejas de la Casa Rosada, expuso con crudeza una crisis profunda que atraviesa la Policía Federal y que repercute de lleno en el Ministerio de Seguridad. El episodio, protagonizado por el suboficial Miguel Ángel Montiel, no fue un hecho aislado ni un gesto individual fuera de contexto, sino la expresión visible de un descontento que se viene acumulando desde hace meses entre los uniformados.
Según relatan efectivos de la propia fuerza, entre el 50 y el 70 por ciento de los suboficiales se ve obligado a buscar un segundo empleo apenas termina su jornada. Muchos trabajan como choferes de aplicaciones para poder llegar a fin de mes. Los salarios actuales oscilan entre los 700 mil y los 850 mil pesos, cifras que resultan insuficientes frente al costo de vida. La comparación con otras fuerzas termina de encender la bronca: policías de la Ciudad de Buenos Aires cobran prácticamente el doble, y los bonaerenses también superan ampliamente a los federales, algo impensado años atrás.
El malestar no se limita a lo salarial. Dentro de la fuerza circulan denuncias persistentes sobre prácticas de corrupción interna vinculadas a los llamados “destinos fantasmas”. Se trata de puestos asignados en papeles a un número determinado de efectivos, pero que en la práctica cuentan con muchos menos policías. La diferencia, según los testimonios, se traduce en una recaudación irregular que queda en manos de superiores. Aunque se trata de maniobras difíciles de probar, forman parte del clima cotidiano que describen los suboficiales.
A este escenario se suma la crisis de la obra social y del sistema de salud propio. La Superintendencia de Bienestar atraviesa serias dificultades y el Hospital Churruca, históricamente un emblema para la Policía Federal, muestra un deterioro alarmante. Falta de personal, equipos obsoletos y servicios reducidos hacen que muchos efectivos ya no confíen en atenderse allí, lo que profundiza la sensación de abandono.
El conflicto se agrava con decisiones políticas que generan más enojo que respaldo. La creación de la Dirección Federal de Investigaciones, presentada como una suerte de FBI argentino, es vista por muchos policías como una puesta en escena sin contenido real. No hay nuevos recursos humanos ni cambios sustanciales en el trabajo cotidiano, solo nuevos logos, chalecos y cartelería, mientras persisten la falta de móviles, equipamiento y mejoras salariales.
En paralelo, mientras los policías enfrentan condiciones cada vez más precarias, son enviados a cumplir tareas de represión en manifestaciones, una contradicción que alimenta la tensión interna. En redes sociales comenzaron a circular convocatorias a un acuartelamiento previsto para el 15 de marzo, con reclamos claros: salarios dignos, una obra social que funcione y herramientas básicas para trabajar. Aunque no está claro el nivel de adhesión que tendrá la medida, se habla de la posible participación de familiares si los efectivos son presionados o amenazados con sanciones.
La protesta del cabo encadenado dejó al descubierto una realidad incómoda. Más allá de los intentos oficiales por descalificarlo, nadie desmintió el contenido de sus denuncias. El clima dentro de la Policía Federal es de hartazgo y frustración. Para muchos, la situación no solo es injusta, sino insostenible, y advierten que, tarde o temprano, el conflicto terminará estallando si no hay respuestas concretas.
